CARTA ABIERTA: REGRESIÓN AUTORITARIA

Estimado José:

Disculpa la demora, te agradezco la oportunidad de publicar en VALE LA PENA la carta abierta que enviamos antes de semana santa. Te envío en archivo adjunto las dos versiones de la misma (amplia y resumida).

Gracias y seguimos en contacto.

Alba Teresa Estrada

REGRESIÓN AUTORITARIA

La violencia generalizada y la militarización como estrategia política del gobierno calderonista muestran los graves riesgos que la debilidad institucional y la legitimidad dudosa conllevan para toda la población de México. Los riesgos de una regresión autoritaria que amenaza con cancelar los incipientes avances de la inconclusa transición democrática, están a la vista: violencia, corrupción, pobreza e inseguridad se han convertido en una realidad cotidiana que nos atrapa en su cauda de muerte, sufrimiento e incertidumbre a lo largo y ancho del territorio nacional.

A la incapacidad de la clase gobernante y de las instituciones políticas para hacer frente a los grandes problemas nacionales se agregan la violencia represiva, la agresión contra el pensamiento crítico y la criminalización de la protesta por parte del poder. Los cuerpos policíacos y militares y el aparato institucional --que día a día exhiben su incapacidad para hacer frente a la delincuencia organizada y los poderes fácticos, su negligencia para garantizar la seguridad de la ciudadanía y para procurar justicia-- se movilizan con presteza y agilidad cuando se trata de reprimir a quienes protestan y reclaman el respeto a sus derechos, o a quienes, como las radios comunitarias, realizan una labor de comunicación independiente de las grandes empresas de medios.

Como en el periodo de la guerra sucia de los años setenta -que llevó a extremos inauditos la violencia del Estado contra los opositores políticos-, está ocurriendo en Guerrero una serie de hechos preocupantes que deben alertarnos y movernos a la acción.

La desaparición, primero, y la posterior tortura y asesinato de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), por sujetos que se identificaron como policías, sólo encontró la indiferencia y la omisión como respuesta de los gobiernos estatal y federal.

Recientemente, 111 organizaciones nacionales de derechos humanos denunciaron públicamente las amenazas y agresiones que están sufriendo los defensores de derechos humanos en el estado de Guerrero. La falta de garantías para realizar su labor ha llevado al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan a cerrar las puertas de su sede en Ayutla; ésta es la primera vez que esto ocurre en sus casi quince años de existencia.

En otro frente de agresión contra el pensamiento crítico, Rogelio Ortega Martínez, profesor-investigador y coordinador académico del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano (IIEPA-IMA) de la UAG, fue objeto de insidiosas imputaciones que intentaron vincularlo con las FARC. Pocos días después, el propio edificio del IIEPA en Acapulco fue baleado con ráfagas de AK47 y R15.

La normalización de este clima de violencia y agresión, alentado por la negligencia cómplice de los gobiernos federal y estatal, es favorable a las acciones de poderes fácticos y de la ultraderecha fascista ascendente, ante las cuales la ciudadanía sólo cuenta con la denuncia, la organización y la movilización.

Si no queremos reeditar, en escala ampliada, los cruentos episodios de aquella guerra sucia que hizo de los campesinos de Guerrero sus principales víctimas (aún en espera de justicia), no debemos minimizar los riesgos de regresión autoritaria que nos amenazan Debemos estar concientes de que hoy esta amenaza se cierne sobre todas y todos nosotros, y de que, ante ello, no podemos permanecer en silencio.

Pedimos a los gobiernos federal y estatal respeto a la actividad de los defensores de derechos humanos en Guerrero y garantías para la actividad de los integrantes de Tlachinollan y de todas la organizaciones civiles guerrerenses.

Demandamos que se investigue el asesinato de Lucas Lucía y Ponce Rosas y los hechos denunciados por el Dr. Rogelio Ortega. Asimismo, que se tomen medidas de previsión ante las amenazas sufridas por las y los activistas de organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Alba Teresa Estrada, Patricia Cabrera López