jueves, 21 de octubre de 2010

Carta aclaratoria de un directivo de STPS a Rosa María OLeary


Por Rosa María OLeary
Thursday, 14 de October de 2010


En una carta aclaratoria dirigida a mi persona, proveniente del Lic. Rafael Adrián Avante Juárez, Director General de Inspección Federal del Trabajo, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, (STPS) dice:

“El Gobierno de México en todo momento respeta y hace respetar el Estado de Derecho y actúa con estricto apego a la legalidad, al tiempo que promueve el respeto de los derechos de los trabajadores, señaladamente la libertad y autonomía sindicales. No persigue, ni ataca, ni vulnera derechos de nadie, mucho menos de los trabajadores. Por el contrario, fomenta programas en beneficio de los trabajadores y el desarrollo de sus comunidades”.

“A continuación se proporciona información importante y veraz con el ánimo de esclarecer percepciones desinformadas, y así abonar a un entendimiento equilibrado que permita a los interesados en estos temas, construir una opinión objetiva y justa.

“Es falso que las acciones del Gobierno mexicano violen los derechos laborales y humanos de los trabajadores mineros y sus familias. Por cuanto hace a las relaciones de trabajo en la unidad minera de Cananea, Sonora, tanto individuales como colectiva, se dieron legalmente por terminadas, mediante laudo del 14 de abril de 2009 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), lo cual fue confirmado por el Poder Judicial de la Federación, esto es, por un Tribunal Colegiado, el 11 de febrero de 2010 y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el 21 de abril de 2010.

“El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (Sindicato Minero) hizo uso de todos los recursos legales a su alcance para impugnar la terminación de las relaciones de trabajo en la mina de Cananea, pero no lo consiguió debido a que no le asiste la razón, por lo que en este caso, la resolución que emitió la SCJN es definitiva e inatacable.

“En tal sentido, si bien existió una huelga en la mina de Cananea que estalló el 30 de julio de 2007, ésta dejó de existir al haberse dado por terminadas legalmente las relaciones individuales y colectiva de trabajo por una causa de fuerza mayor, no imputable al empleador, conforme lo establece la propia Ley Federal del Trabajo en la fracción I del artículo 434. Lo anterior, con base en la resolución de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, que determinó que el grado de vandalismo, destrucción, pillaje y deterioro ocasionado en las instalaciones de la unidad minera, colocó a la concesionaria en la situación referida.

“Como consecuencia de la terminación de las relaciones laborales en la mina de Cananea, mediante acuerdos de fecha 4 de junio de 2010, la JFCA tomó nota de la baja del expediente que contenía el contrato colectivo de trabajo y determinó no continuar con el trámite de los cuatro emplazamientos a huelga que se encontraban pendientes, y resolvió que la huelga estallada por el Sindicato Minero el 30 de julio de 2007, quedaba sin efectos.

“En el propio laudo, la JFCA condenó a Mexicana de Cananea, S.A. de C.V., a pagar a los ex trabajadores la indemnización prevista en el artículo 436 de la Ley Federal del Trabajo, consistente en tres meses de salario, más la prima de antigüedad, que corresponde al pago de doce días de salario por cada año de servicios prestados por trabajador, con independencia de los ofrecimientos, que en su momento hizo la parte patronal, para incrementar estos montos por concepto de liquidación de la relación laboral en hasta seis veces superior a lo que marca la ley, es decir, conforme al contrato colectivo de trabajo que tenían.

“Es así, que al no haber justificación legal alguna para impedir el libre tránsito de personas y vehículos en esa unidad minera, el 6 de junio pasado, el Gobierno Federal realizó acciones para, de manera pacífica, despejar y asegurar los accesos a las instalaciones en la mina. El operativo se realizó con estricto apego a la ley y con pleno respecto a los derechos fundamentales de los ex trabajadores mineros que se encontraban en el lugar, dando como resultado, un saldo blanco.

“Cabe destacar que esta acción realizada con el apoyo de la fuerza pública derivó de la petición expresa de los ministerios públicos de Sonora y de la Federación, así como del gobierno de aquella entidad, con el propósito de la realización de indagatorias que se llevaban a cabo por la posible comisión de ilícitos cometidos al interior de esa mina.

“Con el fin de reactivar la economía y generar empleos en la localidad que se vieron afectados por la suspensión de labores de la mina durante 34 meses, el Gobierno Federal, el del Estado de Sonora y la empresa Mexicana de Cananea S.A. de C.V., en forma tripartita han iniciado una serie de medidas en el marco del programa “Todos por Cananea”, para la construcción de carreteras, instalaciones de suministro de agua potable y el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, la capacitación para el trabajo, el apoyo a la búsqueda de empleo y el financiamiento a tasas preferenciales para las pequeñas y medianas empresas, tanto las existentes como nuevas.

“Es importante señalar que la huelga en Cananea no tuvo viso alguno de solución; no obstante los múltiples intentos conciliatorios que se hicieron por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Por una parte, las supuestas razones de seguridad y salud en el trabajo por las que el Sindicato Minero estalló la huelga, nunca fueron precisadas, a pesar de la solicitud de la autoridad laboral y del ofrecimiento de la empresa de subsanar a satisfacción del Sindicato Minero todas y cada una de las demandas en ese tema.

“Los esfuerzos de conciliación también resultaron infructuosos, ya que el Sindicato Minero siempre antepuso a cualquier posible arreglo, el pago de 100 millones de dólares por un supuesto “daño moral”, el retiro de diferentes órdenes de aprehensión y el desistimiento de todos los juicios que hoy pesan sobre el ex secretario general del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia, por acusaciones del mal uso de 55 millones de dólares que reclaman los trabajadores mineros. Un total de 6,464 trabajadores mineros exigen la devolución de los recursos sustraídos indebidamente de un fideicomiso del cual eran beneficiarios, como señalan.

“El Gobierno Federal reconoce, respeta y hace respetar en todo momento el legítimo derecho de huelga, como un mecanismo para conseguir el equilibrio entre los factores de la producción, pero jamás aceptará que este derecho constitucional de los trabajadores sea utilizado en beneficio de intereses particulares de unos cuantos y en perjuicio de los legítimos intereses y derechos colectivos”.




Sr. Avante: Si alguien debe conocer la falsedad de estas palabras es usted, no vivimos en un estado de derecho ni civil, ni mercantil, ni penal, ni constitucional mucho menos laboral, hace mucho que en contubernio con empresarios y sindicatos blancos han abusado impunemente de la clase trabajadora, y desgraciadamente ella no ha tenido el valor de levantarse en contra. La ley Federal de Trabajo es letra muerta para las reivindicaciones de los trabajadores, hace mucho que la clase trabajadora está en fase terminal y el secretario de trabajo en contubernio con la clase empresarial están a punto de aplicar la eutanasia (a pesar de las creencias religiosas que profesan, o que dicen profesar).

El caso de la minera de Cananea, así como la muerte de los mineros en Pasta de Conchos, no tiene justificación, las mentiras, falsedades tráfico de influencias de personajes, licenciados y autoridades al servicio de Grupo México es indescriptible, no tiene caso perder el tiempo tratándole a usted o a sus jefes inmediatos superiores los pormenores del caso, mismos que conocen de sobra pues entre todos lo han orquestado.

Esa es parte de la tragedia que vive nuestro pueblo, es sexenio tras sexenio, nada más se van alternando en el “ahí te dejo algo para que veas que no soy tan gacho”, la plutocracia que no nos podemos sacudir está sustentada en los poderes fácticos, la mentira, la incongruencia, obviamente la corrupción pero sobre todo en la impunidad lacerante.

Dice usted en su carta: “a continuación se proporciona información importante y veraz con el ánimo de esclarecer percepciones desinformadas, y así abonar a un entendimiento equilibrado que permita a los interesados en estos temas, construir una opinión objetiva y justa”.

Sr. Avante Juárez, ustedes con esa pretendida información solo desinforman que es su verdadero objetivo, la realidad la vive el obrero, el trabajador, el minero, la vivieron los mineros atrapados y muertos en Pasta de Conchos, donde ustedes ni la empresa tuvieron el valor como el gobierno chileno de rescatarlos, aunque ahora se trate de desvirtuar al gobierno de derecha haciendo pasar el rescate como algo mediático, un gobierno de derecha que trata de congratularse con Europa, pero ustedes también son gobierno de derecha, ¿no creen que también tienen necesidad de congraciarse con el mundo entero? En caso que esas especulaciones fueran ciertas, tratarán de desvirtuar el rescate para no tener que responder por su vergonzosa actitud, como dijera el Obispo Vera: “En Chile, el gobierno federal y los empresarios se unieron para un rescate mineros, y en México, se unieron para impedirlo”.

Sólo le recuerdo que la mina de Cananea ahí está, ¿cómo puede terminarse la relación laboral si la fuente de trabajo no se puede ir al antojo de los concesionarios, si está calculada para que pueda ser explotada durante más de 100 años, y eso con la tecnología devastadora que se utiliza actualmente?.

Nada de lo que ustedes argumentan es cierto, y por lo tanto no convence como no han convencido a miles de mineros, al margen de su líder, al que seguramente por algo respetan y estiman, independientemente de que estuvieran en el error ustedes no tienen derecho de tratar de organizarles un sindicatito a modo, así que no venga con el discurso de que las liquidaciones se harán siete veces por encima de lo que manda la ley, ¡por Dios! señor Avante, lo que quieren es terminar con el contrato colectivo de trabajo para manejar a su antojo esclavos desechables, sin prestaciones sin el mínimo de seguridad laboral como ya lo están haciendo en muchas empresas y compañías avalados por líderes charros, total, como en los cardúmenes en que los peces grandes se devoran a los pececillos y ni se nota, trabajadores necesitados hay millones, pero los mineros son otra historia y lo están ustedes comprobando.

Bueno la lucha continúa, Lozano Alarcón está en tierras sonorenses, la historia se está escribiendo y el tiempo dirá quienes fueron los traidores, lo que si estoy segura es que esta vez la Patria sí les pasará la factura, y como ya estamos aprendiendo de la otra corrupta, la banca, los intereses al menos, no serán sobre intereses, porque la verdad no somos iguales.

Rosa María O´Leary

ONG no Alineadas del Estado de Sonora.

Hermosillo, Sonora, México.

Tomado de Contactox, con autorización del editor.

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