Batallaron pero se juntaron. Todos los diputados que estuvieron presentes en el pleno del Congreso de la Unión el 15 de marzo de este año (que fueron 354), votaron por unanimidad para consolidar la ley federal de fomento a las organizaciones de la sociedad civil.
Panistas, priístas, perredistas, petistas y todos los presentes, sin un solo voto en contra, sin una sola abstención, modificaron uno de los incisos del artículo 5 y añadieron uno más.
En ese artículo, se habla de cuáles son los objetos de las asociaciones que pueden recibir recursos por parte del gobierno, mediante la presentación de proyectos en coinversión, para llevar a cabo su objeto de beneficio social.
Se modificó el relacionado al desarrollo comunitario, para darle un sentido más dirigido a la construcción, rescate y mantenimiento de plazas y espacios públicos. De hecho hay un “fondo” que ejercen los estados y municipios. Lo hacen auditados por el gobierno federal, así que normalmente lo hacen bien. Construyen plazas, parques y demás, pero a los tres meses casi hay que volver a construirlas de lo deterioradas que se encuentran porque nadie las cuida. Involucrar a la sociedad civil en esto, es crear un sentido de corresponsabilidad sobre los espacios públicos. ¿Cómo? logrando que las mismas organizaciones de la sociedad civil participen en su diseño, en su construcción o rescate y mantenimiento. No sólo será un manejo de los recursos más transparente y eficiente, como todo lo ciudadano, sino que además estarán mejor cuidadas y con fondos adicionales, porque realmente estarán en poder de los ciudadanos y no sólo de las fotografías o informes oficiales.
También se añadió un inciso nuevo en ese artículo. Uno que habla del fortalecimiento del tejido social como estrategia para garantizar la seguridad ciudadana. Esto es una demostración de que mientras que el poder ejecutivo está luchando contra el tema de la inseguridad de manera directa y punitiva contra la delincuencia organizada(para bien o para mal de la violencia en las ciudades); en el Congreso se pusieron las pilas también y todos los partidos creen y confían en el tejido social (que no es otra cosa más que el capital social, es decir la confianza entre un ciudadano y otro) como una estrategia que nos permitirá, desde la raíz, abatir la inseguridad.
Parece fácil, pero ni tan siquiera estaba claro cuando se hizo la ley, hace siete años; y ahora que se clarificó todavía falta implantarlo con éxito.
Y es que esta ley federal, ha sido parte de una gran batalla que las organizaciones de la sociedad civil han dado en México, por defender los derechos de los ciudadanos de participar en las acciones públicas, como lo manifiesta la Constitución.
Previo a las elecciones del 2000, más de un centenar de estas organizaciones sostuvieron reuniones de trabajo con los tres candidatos más fuertes a la Presidencia. En esas reuniones obtuvieron la promesa de trabajar en una legislación que permitiera a los ciudadanos organizados participar en el diseño y ejercicio del presupuesto público de manera abierta y no sólo con los favoritos del momento. Con ello se buscaba mejorar la eficiencia del mismo presupuesto, ya que las organizaciones ciudadanas añadirían su experiencia en los asuntos que benefician a la comunidad; los fondos alternos que pueden atraer como asociaciones; la confianza en ascenso que tiene sobre ellas la sociedad civil y la transparencia que dan a sus acciones. Para cuando esas reuniones y promesas se dieron, ya había atrás una larga lucha de más de 10 años y un retraso en comparación con otros países de Europa y de América del Sur, muy penoso por cierto.
El resultado fue la ley federal de 2004, que se ha ido perfeccionando derivado del mismo ejercicio ciudadano y ha permitido llevar a cabo decenas de convocatorias para proyectos de coinversión por parte de INDESOL desde hace más de siete años; que se hayan ejercido miles de millones de pesos por miles de organizaciones debidamente integradas; y que más de 10 estados se hayan sumado a esta estrategia y legislaran sus propias leyes (como Tamaulipas desde el 2007) y que algunos municipios, incluyendo el nuestro, también formularan su propio reglamento para ejercer de manera directa esta política en donde se involucra de lleno a los ciudadanos.
Solamente en nuestra ciudad, durante los últimos tres años, el gobierno municipal, destinó poco más de 22 millones de pesos en 78 proyectos de 40 organizaciones que fueron avalados por un comité de ciudadanos especialistas en proyectos sociales. Gracias a ello, esas organizaciones se consolidaron y atrajeron además casi 38 millones de pesos adicionales, tanto de los gobiernos federal y estatal, como de fundaciones privadas y sociales.
Esas acciones tejen una nueva visión entre los ciudadanos, la de la confianza basada en la transparencia y nos confieren un mayor sentido de pertenencia y de trabajo en equipo.
Las batallas no han sido fáciles, pero se han ido ganando una tras otra. Ahora, los diputados de todos los partidos han logrado hacer a un lado todas sus diferencias partidistas y trabajar juntito a los ciudadanos, porque es fácil identificar esa tremenda área de oportunidad.
Aquí, contamos con todas las herramientas legales y organizacionales de la sociedad y con la visión de un gobierno inteligente que busca transformar para mejorar y que seguramente dará la batalla desde esa misma trinchera ciudadana.
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