jueves, 14 de julio de 2011

REFORMA CONTRA LOS CAFRES. Lic. Jesús A. Vallejo Mauricio


Hace varios meses me quejaba, del actuar de los diputados locales, al no legislar en materia de transporte público contras los operadores de este servicio en nuestra entidad, llámese autobuses, microbuses, etc.

Pero el día de hoy puedo decir que estamos satisfechos por un lado, con la nueva medida que han impuesto los legisladores en contra de los “cafres”, así lo dice el periódico local “Diario de Querétaro”, y que textualmente aparece en la primera plana “Rigor Vs CAFRES. Elevan a 8 años de cárcel la pena para choferes de transporte público que lesionen o maten”. Y otra que podemos celebrar es que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Querétaro, ha impartido, hace unos quince días, capacitación a unos cuántos operadores del servicio de transporte público del Estado. Pero mis interrogaciones son, ¿se capacitaron a todos o a unos cuántos operadores?, ¿a quién realmente se capacitó?, ¿las nuevas medidas que imponen nuestros legisladores van directas al operador?, ¿se les aplicará en definitiva la sanción directa a los operadores del servicio de transporte público?

Actualmente tenemos bien presente que las compañías de las diferentes líneas del transporte público tienen aseguradas sus unidades, por tal motivo sólo basta que la aseguradora –que tiene a bien defender los intereses del propietario de la unidad mecánica, de hacer una aportación pecuniaria al juzgado para la reparación del daño que se ha causado por el operador en contra de un tercero o en su caso el pago de unos cuantos pesos por el lamentable suceso (deceso), y que con este simple pago se deslindan de toda figura jurídica “homicidio imprudencial”, el cual se resume con la justificación de que la intención inicial del operador de la unidad, no era privar de la vida o lesiones graves al peatón o ciudadano que transitaba libremente por la vía pública o que se encontraba esperando su autobús en la parada de autobuses o que no hizo la debida parada y tuvo que bajar el pasaje a media vía principal de la ciudad. ¿A eso se le llama justicia?

Pero tal parece que aún en la actualidad los operadores del transporte público no han entendido o más bien sus patrones no les han instruido-capacitado –que ese es su deber– para atender bien con excelencia al usuario y dentro de ella hacer de su conocimiento de las penas a las que se hacen acreedores si cometen algún atropello o por sus actos de barbarie, ya que actúan con el compromiso que les confiere su patrón, cumplir con la meta económica que se les pide, o sea la renta por utilizar la unidad, gasolina y lavado; esto se hace dos veces al día, y es por ello, que los operadores se ponen a jugar, a competir con sus propios compañeros o en su caso con las diferentes líneas que llevan el mismo destino, otro factor es que no se sabe qué compañía es la que los trae bien arreados a los operadores, ya que en cada estación por las que han de pasar se encuentra un checador, que pone en juego su vida, al treparse a la unidad casi a la mitad de la calle o avenida, sea principal o no; otro punto es, que éstos personajes lo hacen por ganarse unos centavos. Una observación que es para poner atención, es que los checadores no hay quién los vigile y regule, por tal motivo en algunas estaciones los verá haciendo su trabajo pero en un estado no apto -en estado de ebriedad o drogados.

Las autoridades deben de regular los accesos a las paradas, deben de arrearlos y conducirlos con mucha paciencia, ya que de verdad es sorprendente que en cada parada de autobuses la ciudadanía tenga que estar haciendo peripecias para poder abordar la unidad que lo llevará a su destino; tal parece que los operadores del transporte público son los dueños de las calles principales y de los usuarios, ya que no respetan los límites de velocidad, no respetan los carriles por los que han de circular –fíjese en Zaragoza, Constituyentes, avenida 5 de febrero, etc., no respetan a los usuarios, no respetan las tarifas de estudiantes, no respetan a los usuarios de edad avanzada ni a las usuarias que se encuentran encintas, a los niños, a nadie.

Qué hace falta para que las autoridades tomen carta en el asunto, es justo que los que tienen necesidad de viajar en los medios de transporte público tengan que estar padeciendo maltratos, insultos, injusticias y mal servicio público por parte de los operadores.

La ciudadanía se enorgullecería que nuestros legisladores puedan reglamentar con eficiencia y en beneficio de la sociedad, que no atiendan a intereses colectivos o de grupos, el transporte público, creando medidas de capacitación a todos y cada uno de los operadores y a los patrones de éstos, para que puedan entender que el prestar el servicio es un beneficio para las tres partes, para los usuarios –mayor comodidad–, para los dueños de las unidades –unidades en buen estado y condiciones, limpieza en el servicio y un servicio de primera calidad– y para el beneficio del Estado –menos contaminación, carriles exclusivos para el transporte público, orden vial–.

Vamos avanzando, en la materia, falta mucho por hacer, esperemos y se dé una reforma integral en materia de Transporte Público en nuestro estado y a nivel nacional, que se sufre a diario, y que sólo se hará posible si nuestros legisladores se ponen a trabajar y a encontrar soluciones que vayan en beneficio para toda la sociedad, incluyéndolos a ellos.

Esperando y que estas líneas sean de su agrado, espero sus comentarios.




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