miércoles, 24 de abril de 2013

El Derecho de los Trabajadores a la Vivienda y el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores. Alejandro Nava Cavazos




Introducción
El derecho de todos los trabajadores a tener una vivienda digna para ellos y sus familias ha sido una de las demandas más recurrentes a lo largo de la historia de México. Con la creciente industrialización de nuestro país en la segunda mitad del siglo XIX esta demanda fue adquiriendo cada vez mayor relevancia y fue uno de los pilares de los derechos laborales que se conquistaron a partir de la Revolución Mexicana. Sin embargo, a pesar del derecho de los trabajadores a la vivienda fue incluido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde 1917, no fue hasta el año de 1972 cuando comenzó a hacerse valer por parte de los patrones, el gobierno y los trabajadores.
El presente escrito tiene por objetivo identificar las modificaciones a la Constitución Mexicana y a la Ley Federal del Trabajo que dieron origen al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la ley que lo regula; así como conocer el funcionamiento del mismo y su trascendencia para el patrimonio de las familias mexicanas.
Derecho de los Trabajadores a la Vivienda antes de la Revolución Mexicana
Durante la segunda década del siglo XIX México comenzó a tener un rápido crecimiento industrial que se originó con la construcción de las primeras vías de ferrocarril y que posteriormente se extendió a otras industrias. Este auge económico incrementó el número de empleados en las fábricas y por lo tanto sus demandas laborales, entre las que destacó el derecho a vivienda digna. Esta demanda surgió en base a que con la expansión industrial en las ciudades los trabajadores se vieron limitados a habitar los alrededores de las empresas o en las periferias de las ciudades en donde carecían de servicios básicos y de condiciones para su sano desarrollo.
Debido a los problemas que comenzó a originar en la salud y educación el hecho de vivir en condiciones de hacinamiento y de falta de higiene, algunos estados comenzaron a legislar en materia de vivienda, tal y como se lo indicaba la Constitución de 1857 que delegaba las responsabilidades de materia laboral a los estados. Algunos ejemplos de estas legislaciones se mencionan en el texto titulado La Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores: A Quince Años de su Vigencia y se muestran a continuación:
“La Ley de Obreros del Estado de Chiapas de 1914 señalaba que los dueños de fincas rústicas o negociaciones industriales, fabriles o mineras debían facilitar a los peones habitación con las comodidades posibles en las fincas;
El decreto del 10 de marzo de 1915 creaba, en la parte sur de Toluca, una colonia destinada a la construcción de casas habitación para la clase trabajadora;
La Ley del Trabajo del Estado de Jalisco establecía el derecho del trabajador agrícola de disfrutar habitación como complemento del salario;
La Ley del Trabajo del Estado de Coahuila, de octubre de 1916, señalaba la obligación del patrón de proporcionar habitación cómoda e higiénica al trabajador si para prestar sus servicios debía residir fuera de las poblaciones” (Jiménez, 1987).
A pesar de que estas leyes establecían las condiciones de habitación que los patrones debían proporcionar a los trabajadores, éstas fueron ignoradas por completo y en muy pocas ocasiones fueron respetadas.
El Derecho a la Vivienda en la Constitución de 1917
Las leyes laborales estatales existentes fueron utilizadas como base para la redacción de la Carta Magna de 1917 en cuyo Artículo 123º se incluyó lo referente al derecho laboral entre los que destacaba el acceso a vivienda. Sin embargo, en el texto realizado por el Congreso Constituyente de Querétaro se mantuvo la legislación y vigilancia laboral como una responsabilidad de las legislaturas locales tal y como se muestra en la siguiente cita:
“El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados deberán expedir leyes sobre el trabajo, fundadas en las necesidades de cada región, sin contravenir a las bases siguientes, las cuales regirán el trabajo de los obreros, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos, y de una manera general todo contrato de trabajo” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917).
Asimismo en este mismo artículo en la Fracción XII de su Apartado A estableció:
“En toda negociación agrícola, industrial, minera o cualquier otra clase de trabajo, los patrones estarán obligados a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, por las que podrán cobrar rentas que no excederán del medio por ciento mensual del valor catastral de las fincas. Igualmente deberán establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a la comunidad” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917).
En esta fracción del Artículo 123º se establece como derecho de los trabajadores que sus patrones les den vivienda y que se les cobre una renta mensual por su uso que no excediera el medio por ciento mensual del valor de la propiedad done vivieran. A partir de esta ley se comenzaron a hacer las legislaciones estatales correspondientes en las que se transcribió lo que previamente se mencionó por lo que nunca se definieron claramente los lineamientos del derecho a la vivienda y por ende este derecho no pudo ser disfrutado por parte de los trabajadores, es decir se convirtió en letra muerta.
La Promulgación de la Ley Federal del Trabajo de 1931 y su impacto en el Derecho a la Vivienda
La delegación de la facultad legislativa en materia laboral a los estados generó condiciones de vida desiguales para los trabajadores a nivel nacional y el desobedecimiento de lo que se estipuló en el Artículo 123º por lo que en el año de 1931 el Congreso de la Unión promulgó la Ley Federal del Trabajo que centralizó la responsabilidad legislativa laboral al Poder Legislativo Federal para que todos los trabajadores del país tuvieran las mismas condiciones de trabajo.
En la nueva ley laboral se incluyó lo establecido en la Constitución de 1917 referente a la vivienda de los trabajadores, sin embargo no se expidieron reglamentos que detallaran la aplicación de lo mencionado en la Fracción XII del Artículo 123º. En el año de 1941 se redactó el reglamento referente al derecho de vivienda de los trabajadores y en base al cual en 1942 se realizó un segundo reglamento aplicable al Distrito Federal que establecía: “que los patrones […] arrendaran viviendas para subarrendarlas a los trabajadores, previa autorización y sin obtención de lucro en el cobro de rentas” (Ruiz, 1979). Las empresas rechazaron este reglamento por considerar que perjudicaba sus intereses y que excedían los derechos establecidos en la Ley Federal del Trabajo por lo que al promover amparos y más tarde la Suprema Corte de Justicia los declaro anticonstitucionales. Esta situación hizo que la legislación en materia de derecho a la vivienda de los trabajadores no fuera aplicada perjudicando la calidad de vida de ellos mismos y a la vez generando un fuerte conflicto social en las ciudades al sufrir de crecimiento urbano acelerado con viviendas precarias y sin cubrir los servicios básicos.
La Reforma de 1970 a la Ley Federal del Trabajo y su Impacto en el Derecho a Vivienda de los Trabajadores
Durante la década de los años sesenta México vivió un crecimiento industrial y económico acelerado que incrementó dramáticamente la población y el tamaño de los centros urbanos. Esta situación generó nuevas demandas de los obreros en materia laboral entre las que destacaron las demandas de vivienda digna para todos los trabajadores.
Para satisfacer las demandas que la población exigía, el Presidente Gustavo Díaz Ordaz comenzó con la elaboración de una iniciativa para una nueva Ley Federal del Trabajo que, después de ser aprobada por el Congreso de la Unión, entró en vigor el primero de mayo de 1970 y que dejó sin efectos legales la promulgada en 1931 al ser sustituida por la nueva legislación.
En la Ley Federal del Trabajo de 1970 el derecho a la vivienda fue considerado como uno de los elementos más importantes de la legislación y para este motivo se estableció el Capítulo III titulado Habitaciones para los Trabajadores. En el Artículo 136º de la nueva Ley Federal del Trabajo se estableció:
“Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, está obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Para dar cumplimiento a esta obligación, las empresas deberán aportar al Fondo Nacional de la Vivienda el cinco por ciento sobre los salarios de los trabajadores a su servicio” (Ley Federal del Trabajo, 1970).
Con la emisión de este capítulo dedicado exclusivamente a la reglamentación del derecho a la vivienda de los obreros, se buscó protegerlos y darles mejores condiciones de vida así como garantizar que los lineamientos establecidos fueran aplicados y respetados por los patrones. Para este motivo se contempló la creación de un organismo público descentralizado que administrara lo relacionado con la vivienda de los trabajadores para así evitar que la responsabilidad de proveer un hogar a los trabajadores recayera solamente en ellos mismos, en los empresarios o en el gobierno. En el Artículo 137º se mencionan las características de lo que se denominó el Fondo Nacional de Vivienda:
“Artículo 137º: El Fondo Nacional de Vivienda tendrá por objeto crear sistemas de financiamiento que permitan a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, para la construcción, reparación o mejoras de sus casas habitación y para el pago de  pasivos adquiridos por estos conceptos” (Ley Federal del Trabajo, 1970).
Para la creación de este fondo de vivienda pasaron algunos años en los cuales se diseñó el organismo que lo administraría y el origen de las aportaciones de una manera equitativa.
Creación del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores y su ley regulatoria
En el año de 1971 el Presidente Luis Echeverría creó la Comisión Nacional Tripartita que estuvo compuesta por representantes del sector obrero, patronal y del gobierno federal. Esta comisión tenía por objetivo atender las principales demandas sociales del país entre los cuales se encontraba el de vivienda. Después del análisis de la problemática del país se determinó que la mejor solución era la creación de un organismo que administrara los recursos de los trabajadores, empresarios y gobierno para la vivienda de los obreros. Esta condición fue incluida en el Artículo 138º de la Ley Federal del Trabajo:
“Artículo 138º: Los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda serán administrados por un organismo integrado en forma tripartita por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones” (Ley Federal del Trabajo, 1970).
En el Artículo 138º que se mencionó previamente se puede leer que el dinero para el fondo de vivienda de los trabajadores será proporcionado por patrones, gobierno y trabajadores lo que generó equidad a la vez de resolver una de las demandas más importantes de la sociedad mexicana.
Una parte importante de la legislación en materia de vivienda de los trabajadores era la creación de un organismo que administrara los recursos que serían aportados para dicho motivo. Para solucionar esta situación el Presidente Luis Echeverría creó en abril de 1972 el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, INFONAVIT por sus siglas, y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores que sería la encargada de regular el funcionamiento de este organismo. En la Ley del INFONAVIT se estableció que los objetivos del mismo serían:
“I.- Administrar los recursos del Fondo Nacional de Vivienda
II.- Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para: a) La adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas; b) la construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones y; c) el pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores
III.- Coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad de los trabajadores;
IV.- Lo demás a que se refiere la fracción XII del Apartado A del Artículo 123º Constitucional y el Título Cuarto, Capítulo III de la Ley Federal del Trabajo, así como lo que esta ley establece” (Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, 1972).
Asimismo se estableció que los recursos que este fondo administraría estarían integrados por las aportaciones patronales del cinco por ciento del sueldo de los trabajadores y los rendimientos de estos recursos.
A lo largo de su historia el INFONAVIT ha permitido que un gran número de trabajadores puedan tener acceso a un crédito para tener un patrimonio propio dónde vivir en condiciones dignas. De acuerdo a los datos proporcionados por el instituto en el año 2011 el 22% de los mexicanos había adquirido una vivienda financiada por esta institución lo que representa una mejora en las condiciones de vida de los trabajadores (INFONAVIT, 2011).
Reformas Recientes a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores
El 6 de enero de 1997 se agregó a la Ley del INFONAVIT el Artículo 8º Transitorio que establecía que “los recursos ahorrados por los trabajadores que no se usaron para adquirir una vivienda debían enviarse a la Tesorería de la Federación” (Ley del INFONAVIT, 1997) con el objetivo de soportar económicamente las pensiones de los trabajadores, lo que desvirtuó por completo las aportaciones para la vivienda de los trabajadores (Gómez, 2012). Esta medida generó inconformidad por parte de los trabajadores ya que se les quitaba su derecho sobre el dinero que ellos habían ahorrado mediante su trabajo a lo largo de los años, lo que generó que muchos trabajadores recurrieran a promover demandas para obtener su dinero.
Con el objetivo de hacer valer uno de los derechos de los trabajadores y dar solución a una de las demandas más frecuentes de los jubilados, el 11 de enero del 2012 el Congreso de la Unión aprobó las modificaciones correspondientes para en beneficio de los trabajadores. El Maestro José Gómez Porchini describe la situación a continuación:
“Hoy, la sociedad ya hasta la saciedad, empujó y logró que el Congreso […] emitiera el pasado 11 de enero del 2012, decreto por el que ordenaba que los mecanismos para la devolución de los fondos mal direccionados a favor de sus verdaderos dueños, indicando los pasos a seguir” (Gómez, 2012).
Con estas modificaciones el INFONAVIT permitirá que aproximadamente 2 millones de jubilados puedan obtener el dinero que no utilizaron para comprar una casa. Asimismo estas modificaciones incluyeron que los trabajadores tengan la libertad de decidir si desean que se les regrese ya sea en Pesos o en salarios mínimos; así como que también quienes obtuvieron un primer crédito puedan obtener otro en conjunto con alguna entidad financiera. De acuerdo al Director General del INFONAVIT, Víctor Manuel Borrás, esta reforma también le da al Instituto la oportunidad de utilizar distintos instrumentos financieros en los cuáles invertir ya que anteriormente sólo se permitía hacerlo en Certificados de la Tesorería, denominados CETES.
Conclusiones
Con base en la información encontrada respecto al derecho de los trabajadores a la vivienda se puede decir que la creación del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores y el establecimiento en la Ley Federal del Trabajo de la obligación de los patrones de aportar el cinco por ciento del sueldo de sus obreros a este rubro fueron dos hechos históricos y de vital importancia para la solución de la demanda de habitación de la población. La accesibilidad que este instituto les da a los trabajadores para tener una casa ha permitido que la calidad de vida de los trabajadores mejore para una gran parte de la población mexicana, que, de acuerdo a datos oficiales, en el 2011 fue de aproximadamente el 22% de los mexicanos.
A pesar de que esta conquista de derechos ha beneficiado a toda la población, la sociedad mexicana tiene la responsabilidad de exigir ahora mayores derechos en materia de vivienda que permitan tener no sólo un patrimonio sino también un entorno habitacional de calidad en el cual todos los habitantes puedan convivir y desarrollarse.

Bibliografía

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Publican reforma a Ley del INFONAVIT. (12 de Enero de 2012). Recuperado el 17 de Abril de 2013, de Terra Noticias: http://economia.terra.com.mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201201121447_REF_80715631
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (26 de Febrero de 2013). Recuperado el 17 de Abril de 2013, de Honorable Congreso de la Unión: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
Gómez, J. (21 de Enero de 2012). La Importancia de la Sociedad en el Derecho. El Caso del INFONAVIT. Recuperado el 17 de Abril de 2013, de Blog México Debe Salir Adelante: http://mexicodebesaliradelante.blogspot.mx/2012/01/la-importancia-de-la-sociedad-en-el.html
Jiménez, M. (1987). Le Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores: A Quince Años de su Vigencia. Recuperado el 17 de Abril de 2013, de Biblioteca Jurídica UNAM: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/19/pr/pr16.pdf
Ponce De León, L. (s.f.). La Vivienda como Prestación Social: El Problema de la Vivienday Modificación de la Legislación Aplicable. Recuperado el 17 de Abril de 2013, de Biblioteca Jurídica UNAM: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1766/10.pdf
Ruiz, J. (1978). La Seguridad Social y la Vivienda. Recuperado el 17 de Abril de 2013, de Biblioteca Jurídica UNAM: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2109/15.pdf


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