Introducción
El derecho de todos los trabajadores a tener una vivienda
digna para ellos y sus familias ha sido una de las demandas más recurrentes a
lo largo de la historia de México. Con la creciente industrialización de
nuestro país en la segunda mitad del siglo XIX esta demanda fue adquiriendo
cada vez mayor relevancia y fue uno de los pilares de los derechos laborales
que se conquistaron a partir de la Revolución Mexicana. Sin embargo, a pesar
del derecho de los trabajadores a la vivienda fue incluido en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos desde 1917, no fue hasta el año de
1972 cuando comenzó a hacerse valer por parte de los patrones, el gobierno y
los trabajadores.
El presente escrito tiene por objetivo identificar las
modificaciones a la Constitución Mexicana y a la Ley Federal del Trabajo que
dieron origen al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores y la ley que lo regula; así como conocer el funcionamiento del
mismo y su trascendencia para el patrimonio de las familias mexicanas.
Derecho de los
Trabajadores a la Vivienda antes de la Revolución Mexicana
Durante la segunda década del siglo XIX México comenzó a
tener un rápido crecimiento industrial que se originó con la construcción de
las primeras vías de ferrocarril y que posteriormente se extendió a otras
industrias. Este auge económico incrementó el número de empleados en las
fábricas y por lo tanto sus demandas laborales, entre las que destacó el
derecho a vivienda digna. Esta demanda surgió en base a que con la expansión
industrial en las ciudades los trabajadores se vieron limitados a habitar los
alrededores de las empresas o en las periferias de las ciudades en donde
carecían de servicios básicos y de condiciones para su sano desarrollo.
Debido a los problemas que comenzó a originar en la salud
y educación el hecho de vivir en condiciones de hacinamiento y de falta de
higiene, algunos estados comenzaron a legislar en materia de vivienda, tal y
como se lo indicaba la Constitución de 1857 que delegaba las responsabilidades
de materia laboral a los estados. Algunos ejemplos de estas legislaciones se
mencionan en el texto titulado La Ley del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores: A Quince
Años de su Vigencia y se muestran a continuación:
“La Ley de Obreros del Estado de Chiapas de 1914 señalaba
que los dueños de fincas rústicas o negociaciones industriales, fabriles o
mineras debían facilitar a los peones habitación con las comodidades posibles
en las fincas;
El decreto del 10 de marzo de 1915 creaba, en la parte
sur de Toluca, una colonia destinada a la construcción de casas habitación para
la clase trabajadora;
La Ley del Trabajo del Estado de Jalisco establecía el
derecho del trabajador agrícola de disfrutar habitación como complemento del
salario;
La Ley del Trabajo del Estado de Coahuila, de octubre de
1916, señalaba la obligación del patrón de proporcionar habitación cómoda e
higiénica al trabajador si para prestar sus servicios debía residir fuera de
las poblaciones” (Jiménez, 1987).
A pesar de que estas leyes establecían las condiciones de
habitación que los patrones debían proporcionar a los trabajadores, éstas
fueron ignoradas por completo y en muy pocas ocasiones fueron respetadas.
El Derecho a la
Vivienda en la Constitución de 1917
Las leyes laborales estatales existentes fueron
utilizadas como base para la redacción de la Carta Magna de 1917 en cuyo
Artículo 123º se incluyó lo referente al derecho laboral entre los que
destacaba el acceso a vivienda. Sin embargo, en el texto realizado por el
Congreso Constituyente de Querétaro se mantuvo la legislación y vigilancia
laboral como una responsabilidad de las legislaturas locales tal y como se
muestra en la siguiente cita:
“El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los
Estados deberán expedir leyes sobre el trabajo, fundadas en las necesidades de
cada región, sin contravenir a las bases siguientes, las cuales regirán el
trabajo de los obreros, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos, y de una
manera general todo contrato de trabajo” (Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 1917).
Asimismo en este mismo artículo en la Fracción XII de su
Apartado A estableció:
“En toda negociación agrícola, industrial, minera o
cualquier otra clase de trabajo, los patrones estarán obligados a proporcionar
a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, por las que podrán cobrar
rentas que no excederán del medio por ciento mensual del valor catastral de las
fincas. Igualmente deberán establecer escuelas, enfermerías y demás servicios
necesarios a la comunidad” (Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 1917).
En esta fracción del Artículo 123º se establece como
derecho de los trabajadores que sus patrones les den vivienda y que se les
cobre una renta mensual por su uso que no excediera el medio por ciento mensual
del valor de la propiedad done vivieran. A partir de esta ley se comenzaron a
hacer las legislaciones estatales correspondientes en las que se transcribió lo
que previamente se mencionó por lo que nunca se definieron claramente los
lineamientos del derecho a la vivienda y por ende este derecho no pudo ser
disfrutado por parte de los trabajadores, es decir se convirtió en letra muerta.
La Promulgación de
la Ley Federal del Trabajo de 1931 y su impacto en el Derecho a la Vivienda
La delegación de la facultad legislativa en materia
laboral a los estados generó condiciones de vida desiguales para los
trabajadores a nivel nacional y el desobedecimiento de lo que se estipuló en el
Artículo 123º por lo que en el año de 1931 el Congreso de la Unión promulgó la
Ley Federal del Trabajo que centralizó la responsabilidad legislativa laboral
al Poder Legislativo Federal para que todos los trabajadores del país tuvieran
las mismas condiciones de trabajo.
En la nueva ley laboral se incluyó lo establecido en la
Constitución de 1917 referente a la vivienda de los trabajadores, sin embargo
no se expidieron reglamentos que detallaran la aplicación de lo mencionado en
la Fracción XII del Artículo 123º. En el año de 1941 se redactó el reglamento
referente al derecho de vivienda de los trabajadores y en base al cual en 1942
se realizó un segundo reglamento aplicable al Distrito Federal que establecía:
“que los patrones […] arrendaran viviendas para subarrendarlas a los
trabajadores, previa autorización y sin obtención de lucro en el cobro de
rentas” (Ruiz, 1979). Las empresas rechazaron este reglamento por considerar
que perjudicaba sus intereses y que excedían los derechos establecidos en la
Ley Federal del Trabajo por lo que al promover amparos y más tarde la Suprema
Corte de Justicia los declaro anticonstitucionales. Esta situación hizo que la
legislación en materia de derecho a la vivienda de los trabajadores no fuera
aplicada perjudicando la calidad de vida de ellos mismos y a la vez generando
un fuerte conflicto social en las ciudades al sufrir de crecimiento urbano
acelerado con viviendas precarias y sin cubrir los servicios básicos.
La Reforma de 1970
a la Ley Federal del Trabajo y su Impacto en el Derecho a Vivienda de los
Trabajadores
Durante la década de los años sesenta México vivió un
crecimiento industrial y económico acelerado que incrementó dramáticamente la
población y el tamaño de los centros urbanos. Esta situación generó nuevas
demandas de los obreros en materia laboral entre las que destacaron las
demandas de vivienda digna para todos los trabajadores.
Para satisfacer las demandas que la población exigía, el
Presidente Gustavo Díaz Ordaz comenzó con la elaboración de una iniciativa para
una nueva Ley Federal del Trabajo que, después de ser aprobada por el Congreso
de la Unión, entró en vigor el primero de mayo de 1970 y que dejó sin efectos
legales la promulgada en 1931 al ser sustituida por la nueva legislación.
En la Ley Federal del Trabajo de 1970 el derecho a la
vivienda fue considerado como uno de los elementos más importantes de la
legislación y para este motivo se estableció el Capítulo III titulado
Habitaciones para los Trabajadores. En el Artículo 136º de la nueva Ley Federal
del Trabajo se estableció:
“Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier
otra clase de trabajo, está obligada a proporcionar a los trabajadores
habitaciones cómodas e higiénicas. Para dar cumplimiento a esta obligación, las
empresas deberán aportar al Fondo Nacional de la Vivienda el cinco por ciento
sobre los salarios de los trabajadores a su servicio” (Ley Federal del Trabajo,
1970).
Con la emisión de este capítulo dedicado exclusivamente a
la reglamentación del derecho a la vivienda de los obreros, se buscó
protegerlos y darles mejores condiciones de vida así como garantizar que los
lineamientos establecidos fueran aplicados y respetados por los patrones. Para
este motivo se contempló la creación de un organismo público descentralizado
que administrara lo relacionado con la vivienda de los trabajadores para así
evitar que la responsabilidad de proveer un hogar a los trabajadores recayera
solamente en ellos mismos, en los empresarios o en el gobierno. En el Artículo
137º se mencionan las características de lo que se denominó el Fondo Nacional
de Vivienda:
“Artículo 137º: El Fondo Nacional de Vivienda tendrá por
objeto crear sistemas de financiamiento que permitan a los trabajadores obtener
crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones cómodas e
higiénicas, para la construcción, reparación o mejoras de sus casas habitación
y para el pago de pasivos adquiridos por
estos conceptos” (Ley Federal del Trabajo, 1970).
Para la creación de este fondo de vivienda pasaron
algunos años en los cuales se diseñó el organismo que lo administraría y el
origen de las aportaciones de una manera equitativa.
Creación del
Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores y su ley
regulatoria
En el año de 1971 el Presidente Luis Echeverría creó la
Comisión Nacional Tripartita que estuvo compuesta por representantes del sector
obrero, patronal y del gobierno federal. Esta comisión tenía por objetivo
atender las principales demandas sociales del país entre los cuales se
encontraba el de vivienda. Después del análisis de la problemática del país se
determinó que la mejor solución era la creación de un organismo que
administrara los recursos de los trabajadores, empresarios y gobierno para la
vivienda de los obreros. Esta condición fue incluida en el Artículo 138º de la
Ley Federal del Trabajo:
“Artículo 138º: Los recursos del Fondo Nacional de la
Vivienda serán administrados por un organismo integrado en forma tripartita por
representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones”
(Ley Federal del Trabajo, 1970).
En el Artículo 138º que se mencionó previamente se puede
leer que el dinero para el fondo de vivienda de los trabajadores será
proporcionado por patrones, gobierno y trabajadores lo que generó equidad a la
vez de resolver una de las demandas más importantes de la sociedad mexicana.
Una parte importante de la legislación en materia de
vivienda de los trabajadores era la creación de un organismo que administrara
los recursos que serían aportados para dicho motivo. Para solucionar esta
situación el Presidente Luis Echeverría creó en abril de 1972 el Instituto del
Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, INFONAVIT por sus siglas, y
la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores que
sería la encargada de regular el funcionamiento de este organismo. En la Ley
del INFONAVIT se estableció que los objetivos del mismo serían:
“I.- Administrar los recursos del Fondo Nacional de
Vivienda
II.- Establecer y operar un sistema de financiamiento que
permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para: a) La
adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas; b) la
construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones y; c)
el pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores
III.- Coordinar y financiar programas de construcción de
habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad de los trabajadores;
IV.- Lo demás a que se refiere la fracción XII del
Apartado A del Artículo 123º Constitucional y el Título Cuarto, Capítulo III de
la Ley Federal del Trabajo, así como lo que esta ley establece” (Ley del
Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, 1972).
Asimismo se estableció que los recursos que este fondo
administraría estarían integrados por las aportaciones patronales del cinco por
ciento del sueldo de los trabajadores y los rendimientos de estos recursos.
A lo largo de su historia el INFONAVIT ha permitido que
un gran número de trabajadores puedan tener acceso a un crédito para tener un
patrimonio propio dónde vivir en condiciones dignas. De acuerdo a los datos
proporcionados por el instituto en el año 2011 el 22% de los mexicanos había
adquirido una vivienda financiada por esta institución lo que representa una
mejora en las condiciones de vida de los trabajadores (INFONAVIT, 2011).
Reformas Recientes
a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores
El 6 de enero de 1997 se agregó a la Ley del INFONAVIT el
Artículo 8º Transitorio que establecía que “los recursos ahorrados por los
trabajadores que no se usaron para adquirir una vivienda debían enviarse a la
Tesorería de la Federación” (Ley del INFONAVIT, 1997) con el objetivo de
soportar económicamente las pensiones de los trabajadores, lo que desvirtuó por
completo las aportaciones para la vivienda de los trabajadores (Gómez, 2012).
Esta medida generó inconformidad por parte de los trabajadores ya que se les
quitaba su derecho sobre el dinero que ellos habían ahorrado mediante su
trabajo a lo largo de los años, lo que generó que muchos trabajadores
recurrieran a promover demandas para obtener su dinero.
Con el objetivo de hacer valer uno de los derechos de los
trabajadores y dar solución a una de las demandas más frecuentes de los
jubilados, el 11 de enero del 2012 el Congreso de la Unión aprobó las
modificaciones correspondientes para en beneficio de los trabajadores. El
Maestro José Gómez Porchini describe la situación a continuación:
“Hoy, la sociedad ya hasta la saciedad, empujó y logró
que el Congreso […] emitiera el pasado 11 de enero del 2012, decreto por el que
ordenaba que los mecanismos para la devolución de los fondos mal direccionados
a favor de sus verdaderos dueños, indicando los pasos a seguir” (Gómez, 2012).
Con estas modificaciones el INFONAVIT permitirá que
aproximadamente 2 millones de jubilados puedan obtener el dinero que no
utilizaron para comprar una casa. Asimismo estas modificaciones incluyeron que
los trabajadores tengan la libertad de decidir si desean que se les regrese ya
sea en Pesos o en salarios mínimos; así como que también quienes obtuvieron un
primer crédito puedan obtener otro en conjunto con alguna entidad financiera.
De acuerdo al Director General del INFONAVIT, Víctor Manuel Borrás, esta
reforma también le da al Instituto la oportunidad de utilizar distintos
instrumentos financieros en los cuáles invertir ya que anteriormente sólo se
permitía hacerlo en Certificados de la Tesorería, denominados CETES.
Conclusiones
Con base en la información encontrada respecto al derecho
de los trabajadores a la vivienda se puede decir que la creación del Instituto
del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores y el establecimiento en la
Ley Federal del Trabajo de la obligación de los patrones de aportar el cinco
por ciento del sueldo de sus obreros a este rubro fueron dos hechos históricos
y de vital importancia para la solución de la demanda de habitación de la
población. La accesibilidad que este instituto les da a los trabajadores para
tener una casa ha permitido que la calidad de vida de los trabajadores mejore
para una gran parte de la población mexicana, que, de acuerdo a datos
oficiales, en el 2011 fue de aproximadamente el 22% de los mexicanos.
A pesar de que esta conquista de derechos ha beneficiado
a toda la población, la sociedad mexicana tiene la responsabilidad de exigir
ahora mayores derechos en materia de vivienda que permitan tener no sólo un
patrimonio sino también un entorno habitacional de calidad en el cual todos los
habitantes puedan convivir y desarrollarse.
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Excelente!
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