El corporativismo y el clientelismo como herramientas estructurales del Estado Mexicano: un análisis sociológico y retrospectivo. Jorge Luis Castillo Barroso

Introducción

La pasividad de las instituciones mexicanas y sus debilidades en el ámbito legal son evidentes en los casos que conciernen al derecho y garantías individuales del trabajador,  independientemente de que pertenezcan al sector primario, secundario o terciario, incluso, a pesar de los intentos por adaptar la Reforma Laboral, en los dos sexenios anteriores, al modelo económico neoliberal y así, se pensaba, pudieran mejorar las condiciones laborales en general e incrementar el poder adquisitivo de la clase trabajadora. En este escrito, se defiende que estos factores son consecuencia del aún permanente uso del corporativismo y el clientelismo como herramientas estructurales características del ejercicio político en el aparato gubernamental mexicano.

 

 

Orígenes del corporativismo en Latinoamérica

 

Kemi George (2003), en su escrito “Corporatism And Patron-Clientelism: A political economic study of development in Mexico and Jamaica”, sostiene que el corporativismo ha sido un componente frecuente en el Tercer Mundo y en el desarrollo político de América Latina. Esta herramienta, según el autor, puede recordarse como existente desde la administración católica y centralista de la España colonizadora, sin embargo, el corporativismo como tal, tomó mayor vuelo como forma de gobierno a principios del siglo XX a medida que el continente adquiría independencia. El nacimiento de nuevos estados en la región coincidía con el levantamiento ideológico y revolucionario en Europa, a medida que el comunismo Marxista se convertía en una fuerza política significativa. Al mismo tiempo, la presencia de los Estados Unidos en el norte indicaba el potencial atractivo de un desarrollo económico de carácter liberal. Sin embargo, la historia colonial de América Latina y su estado de opresión bajo la corona Española y de Portugal afectaron la dirección del desarrollo político de la región, ocasionando una colisión entre liberalismo y comunismo como ideologías propias de gobierno.

 

Como tal, el liberalismo se caracterizaba por un individualismo excesivo que se despegaba del bien común, por lo tanto, no era una forma aceptable de organización política, ni tampoco lo era el marxismo en todas sus formas, ya que era retratado como una doctrina ideológica caracterizada por su naturaleza conflictiva entre las clases sociales, materialista y excesivamente totalitaria. Lo que se necesitaba, entonces, era una forma de organización política que permitiera un estado centralizado para dirigir el desarrollo político y económico mientras reconociese las demandas políticas de la clase trabajadora.

 

Las nuevas élites abogaban por un orden alineado jerárquicamente en donde los derechos y obligaciones de las personas reflejaran su estatus social.  La participación política no era algo que se le debía a las masas públicas sino una provisión del estado, el cual designaba agencias o corporaciones, definidas por función: El ejército, los sindicatos, los grupos de la clase obrera, los intereses industriales, etc. Estas organizaciones, agencias o corporaciones, actuarían, entonces como intermediarios regulatorios entre sus miembros y el aparato de gobierno en sí mismo.

 

George (2003) agrega que las corporaciones serían legalmente independientes y debían ser legitimadas por el estado para asegurar que actuaran a favor de lo que él menciona como “interés nacional”.  Como consecuencia, el aparato gubernamental establecía legítimos los derechos de grupo corporativo y no los individuales o de clase. 

 

En contraste con el pluralismo Norteamericano bajo el esquema liberal, en donde el Estado es la combinación de diferentes grupos de interés y el facilitador de las demandas, el esquema corporativista de Latinoamérica retrataba al Estado como el árbitro, controlador y creador de los grupos de interés.

 

Características de la estructura corporativista y su rol en el sistema político mexicano

A principios de 1930´s, cuando el PRI era conocido como el PNR (Partido Nacional Revolucionario) el partido de facto hizo un intento explícito de cooptar y reprimir corrientes potenciales de desafío político. El entonces presidente Cárdenas dividió al PRI en tres sectores: 1.- Obreros 2.-Campesinos y 3.-Organizaciones de clase media.  Cada sector, o corporación era designado para funcionar como una cadena oficial entre el Estado y el grupo de interés representado. Este ejercicio permitió estimular la participación de las masas sociales en el terreno político y reforzó la posición del PRI como cabeza del Estado Mexicano.  

 

Al incorporar a estos grupos en el aparato partidista, el PRI opacaba la oposición conformada por alianzas populistas y en consecuencia reprimía el desacuerdo organizado. La estrategia de control ejercida por el PRI se extendía al sector industrial y productivo, ya que al reprimir a la mano de obra industrial y a los campesinos agricultores se aseguraba un estado en el que el PRI podía mantener el control del desarrollo económico de México. Era una época de centralismo unipartidista y fachada democrática, en la que muchos partidos surgían del mismo PRI para hacer la ilusión de que existían partidos oponentes competidores.

 

A su vez, el PRI incorporaba un modelo económico de desarrollo estabilizador y centralista, en el que al mantener el control de los actores económicos: los sindicatos, la industria, se permitirían implementar estrategias de subsidios, protección de la industria nacional y la creación de empleos mediante la expansión de administraciones y firmas nacionalizadas.

 

El PRI, en esencia y las élites que controlaba, proporcionaron una racional ideológica para crear acción gubernamental, suprimieron el desacuerdo, recolectaban información y la manipulaban. Económicamente, estos ejercicios produjeron recompensas: estabilidad política y administración efectiva, propiciando una rápida industrialización, pero a costa de los bajos salarios en puntos cruciales de los sectores obreros.

 

La importancia del corporativismo en el sistema político mexicano radica en sus efectos opresivos e instrumentales tales como la política corporativa para manejar a los sindicatos y las reformas proteccionistas que mantenían en crecimiento industrias en infancia económica. La política corporativa ha convertido al sindicalismo mexicano en instrumento de opresión para los trabajadores, sometiéndolos a los intereses del gobierno en turno, tal y como sostiene Néstor de Buen (El sistema Laboral Mexicano, 2013).

 

De 1929 a 2000, el PRI usó el corporativismo como un sistema de representación mutua en el que ciertos grupos son oficialmente reconocidos por el Estado a cambio de la aceptación del control estatal o limitación en su expresión de intereses y demandas. Dichas características se destacan como factores definitorios de un sistema corporativista y unipartidista. En contraste al pluralismo, el cual consiste en un sistema de representación de intereses en los cuales los grupos pueden libremente expresar sus intereses sin ningún tipo de limitación.

 

En la historia política del PRI, los sindicatos fueron la expresión del corporativismo como herramienta, tales como la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM), la Confederación Nacional Campesina (CNC), o la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOC). Grupos que tenían como característica principal el ser reconocidos por el PRI, pero en cuya independencia como sindicatos era reprimida y los acuerdos para limitar las demandas de sus integrantes. Existían límites en el sistema de beneficios de los trabajadores y en sus derechos para ejercer protestas.

 

Además, las relaciones entre cliente y patrón eran evidentes, los políticos priistas eran patrones que demandaban votos para proporcionarle a los trabajadores acceso a recursos del gobierno. Por ejemplo, los trabajadores recibían subsidios para sus casas y seguridad médica, siempre y cuando votaran por el PRI, situación que sigue manifiesta aún en el siglo XXI y observada en las elecciones pasadas de Julio de 2012.

 

Laura Randall (Changing Structure of Mexico: Political, Social, and Economic Prospect, 2006) expone un análisis retrospectivo de la estructura corporativista moderna, en donde evalúa la relación existente entre la acción sindical y el proyecto mexicano de modernización. En este sentido, se expresa la hipótesis de que los sindicatos, los empleadores y el Estado continúan interactuando en una estructura conocida como corporativista. Esta, fue establecida, como menciona Randall, desde los años 30`s, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas y en la época destacada por la expropiación petrolera.  Es decir, el corporativismo como estructura nace como una herramienta del PRI y fue heredado al PAN en los dos sexenios posteriores.  Los sindicatos y las empresas continuaron siendo controladas por el presidente y al mismo tiempo, utilizadas para la satisfacción de los fines del partido.

 

Randall (2006) afirma también que, en la realidad, ni la crisis de 1994-1995 ni tampoco la transición democrática lograron modificar la plataforma de interacción entre los actores de la estructura corporativista, mucho se debió también, a que durante el gobierno de Fox, no existía mayoría panista en la Cámara de Diputados. A su vez, caben destacar las instituciones en las cuales los actores de esta estructura convergen, tales como CNSM (Comisión Nacional de Salarios Mínimos), IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) o el ISSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado). Así también como las organizaciones que representan trabajo, empresa y negocio. 

 

 

Los efectos del corporativismo en las propuestas de reforma laboral durante el Foxismo: una transición democrática inexistente

 

Un ejemplo de esta situación, como sostiene Randall ha sido el debate que concierne a la Ley Federal del Trabajo, en donde a pesar de las buenas intenciones, como mencionaba anteriormente, para adaptar a la clase trabajadora al nuevo modelo económico, en 2000, se estancaron dichas propuestas. Esto, explica Randall, ocurre como consecuencia de los compromisos que trae consigo la administración Panista establecida con el liderazgo corporativista antes de la inauguración presidencial de Diciembre 1º de 2000.  Estos compromisos estancaron la implementación de las reformas laborales esenciales, tales como a) La flexibilización de los contratos de trabajo (estableciendo contratos a corto plazo y contratos de medio tiempo), b)establecimiento de procedimientos de toma de decisiones unilaterales tomadas por patrones en decisiones de contratación y despido, c) decreto de votos secretos para los comités ejecutivos de los sindicatos y d) mantenimiento de los privilegios de la Secretaría del Trabajo para negar u otorgar el registro legal para los sindicatos.

Los intentos de Fox por cambiar las condiciones laborales se vieron enturbiadas por los compromisos realizados a las instituciones que manejaban el corporativismo, siendo esta estructura modificada pero no removida. En este sentido, que un presidente Panista fuera electo no significaba un cambio democrático real para el Estado Mexicano, ni tampoco que el PRI, como institución política, fuera derrotada. Es decir, los elementos nucleares de la estructura política se mantuvieron, se han mantenido y se mantendrán a pesar de sus ajustes.

Conclusiones

El sistema político mexicano ha enfrentado una serie de modificaciones, ha pasado de ser un régimen nacionalizado a un régimen con tendencias centralizadas pero neoliberalista al fin. Régimen que busca, en esencia, el desarrollo económico, crecimiento hacia fuera, progreso mediante la competencia. Sin embargo, los intentos por traer progreso social, modernidad económica y bienestar social, no dejan de tener repercusiones en los engranes más vulnerables de los medios de producción. Sea en el sector público, o sea en el privado, las condiciones del trabajador se ven afectadas por la falta de incentivos y protección social que prevengan su exclusión productiva y su rol como actor laboral, así como por la falta de contingencias que impidan su mobilidad sindical para fines políticos y clientelares.  

 

Bibliografía

George, K. (2003). Corporatism and patron-clientelism: A political economic study of development in mexico and jamaica. Manuscript submitted for publication, Amherst Department of Political Science, University of Massachussetts, Recuperado de http://clacs.uconn.edu/Corporatism and Patron-Clientelism.pdf

De Buen Lozano, N., & Nugent, R. (2013). Seguridad social: La historia y sus fuentes. INSTITUCIONES DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL. Recuperado de http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/139/36.pdf

Randall, L. (2006). Changing structure of mexico : Political, social, and economic prospects. Retrieved from http://0-ehis.ebscohost.com.millenium.itesm.mx/eds/detail?sid=279d1659-b9a7-4182-b56e-f65ad74f44b3@sessionmgr4&vid=4

De Buen, N. (2013). El sistema laboral en méxico. Recuperado de http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2458/10.pdf