Hace más de 10 años
que se presentó a nivel nacional el tan ansiado programa social denominado
“Seguro Popular”, el cual tenía como objetivo primordial el prestar servicios
de salud a toda la ciudadanía que no tuviera acceso al servicio médico;
tendiendo lo anterior, es que exclusivamente solo podrían ser beneficiarios del
programa social todos aquellos ciudadanos que no tuvieren oportunidad de
pertenecer a uno de los sistemas de seguridad social vigentes en el país, llámese
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), los diversos sistemas de las
universidades a nivel nacional, los sistemas de cada uno de los estados de la
república mexicana, entre otros tantos que actualmente funcionan en México;
En aquella ocasión,
año del 2001, el Gobierno Federal, siendo presidente de la República el Lic.
Vicente Fox Quezada, presentó en la ciudad de San Luis Potosí, el llamado Programa
Nacional 2001-2006, dentro de la mesa de Seguridad Social del Congreso Nacional
de la Confederación Nacional Campesina (CNC), teniendo como objetivo primordial
“brindar protección financiera a la población social a través de un
aseguramiento justo con el fin de reducir el pago del bolsillo y fomentar la
atención oportuna de la salud.”[1] Desde aquél entonces se
auguraba que con este programa social, todos aquellos ciudadanos residentes en
México y que no tuvieren una relación laboral estable en el país y que por ese
simple hecho no pudieran acceder al servicio médico que ofrecen las diversas
instituciones de seguridad social, podrían acceder a un sistema de
aseguramiento que permitiera reducir el gasto económico de la clase menos
favorecida y con ello contar con una atención oportuna y de calidad en materia
de servicio médico, existiendo como único requisito que el derechohabiente no
perteneciere y no estuviere inscrito en ninguno de los sistemas de Seguridad
Social en México, con ello el denominado “Seguro Popular”, podría ser pilar
fundamental para el apoyo social a la clase pobre y de bajos recursos a nivel
nacional.
En la ciudad de San
Luis Potosí, se dejó en claro que exclusivamente tendrían derecho a pertenecer
al sistema de servicio médico nacional denominado “Seguro Popular” aquellos
ciudadanos de escasos recursos y que no estuvieren inscritos como
derechohabiente en ningún sistema de la Seguridad Social a nivel nacional; así los
ciudadanos de bajo recursos económicos accederían a un sistema exclusivo de
atención médica, siendo el servicio médico personal y de primera calidad, atendiéndose
cabalmente las enfermedades establecidas en el Catálogo de Beneficios Médicos
Plan Familiar (Anexo1) expedido por la Secretaría de Salud vigente en el país,
siendo el servicio totalmente gratuito. Pero sorpresa, como dicen en la casa de
Big Brother, las reglas cambian y
ahora nos encontramos que el programa que se manejó en aquél entonces ha sido
un rotundo fracaso y un fraude fiscal para México.
Una de las primeras
experiencias que me encontré al ponerse en marcha dicho programa de servicio
nacional médico fue, ¿dónde se registra el ciudadano?, ¿cuáles serían realmente
los beneficios de dicho programa?, ¿el Seguro Popular tendría instalaciones
propias?, ¿la asistencia personalizada sería a cargo de servidores públicos
propios de la institución o a cargo de personal médico externo a la
dependencia?, ¿en qué lugar se atenderían a los derechohabientes asegurados al Órgano
Desconcentrado?, ¿qué capacidad económica tendría que otorgarle la Federación a
la Secretaría de Salud Federal para que en todos los estados tuvieran una
debida operación de dicho organismo?, ¿quién manejaría los recursos públicos
del nuevoórgano desconcentrado?, ¿realmente abarcaría todas las enfermedades
vigentes en el Catálogo de Beneficios Médicos de la Secretaría de Salud local o
federal?, ¿qué subsidio recibirá dicho organismo para su operación tanto
administrativa como social?, entre muchas otras interrogantes.
Hasta la
actualidad, a más de diez años, vemos que el tal denominado programa nacional
de servicio médico denominado “Seguro Popular”, no cuenta con edificios
propios, que la carga de infraestructura se encuentra asumida tanto por el
IMSS, el ISSSTE y varios consultorios médicos privados de toda la república,
donde la atención no es personalizada, donde los afiliados en número son más de
los que se encuentran inscritos en los diversos sistemas de seguridad social
vigentes en el país; no hay congruencia en lo que se encuentra en su normativa
con lo que actualmente se vislumbra, al no brindar un servicio de primera
calidad y personalizado, cuando en muchos de los centros de salud a nivel
nacional no cuentan con un equipo especializado para el tratamiento de todas
las enfermedades especificadas en su Catálogo de Beneficios, donde en la mayor
parte de las zonas de mayor pobreza en México ni siquiera se halla en
funcionamiento o si lo hay, atienden rara vez al mes, por lo tanto, en qué se
gasta la partida presupuestal el órgano desconcentrado sino eroga el gasto
público para lo que se le destina?, que sería en primer lugar para el pago de
concepto infraestructura inmobiliaria propia, donde el ciudadano diga voy a las
instalaciones del Seguro Popular; en segundo término, el pago de sueldos para
todos los servidores públicos que operen dentro del organismo, si actualmente
no se tienen cubiertas todas las áreas geográficas con mayor índice de pobreza
en México; además de no contar con todos y cada uno de los medicamentos que se
tienen contemplados en su Catálogo.
Esperando que estas
líneas le sean de utilidad, quedo de usted para sus comentarios.
