l.
ANTECEDENTES
La salud es
un estado de completo bienestar físico, mental y social de las personas y uno
de los componentes fundamentales para la prosperidad y el desarrollo de nuestra
Nación.
El derecho a
la protección de la salud que tiene toda persona, es un derecho humano
consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que
trae consigo que la Federación y las entidades federativas en materia de
salubridad general, en el ámbito de sus respectivas competencias, tengan la
obligación de promoverlo, respetarlo, protegerlo y garantizarlo de conformidad
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad.
Por ello, en
aras de alcanzar un efectivo derecho a la protección de la salud, se han
realizado diversas acciones a lo largo de la historia de nuestro país, tales
como:
a) Creación
de la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(1943-1959);
b)
Incorporación del derecho a la protección de la salud en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y expedición de la Ley General de
Salud (1983-1984);
Inicio de la
descentralización en materia de salud y culminación de su proceso, mediante la
celebración del "Acuerdo Nacional para la Descentralización de los
Servicios de Salud", suscrito por el Gobierno Federal, los gobiernos de
cada una de las entidades federativas de la República Mexicana y el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, así como la firma de los
acuerdos de coordinación para concretar sus respectivas responsabilidades en la
conducción y operación de los servicios de salud (1996);
c) Creación
del Sistema de Protección Social en Salud (2003) con la finalidad de promover
la cobertura universal del aseguramiento en salud y brindar protección
financiera a la población no afiliada a las instituciones de seguridad social,
y su reforma del año 2014, y
d) Expedición
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que en su meta nacional México
Incluyente, establece como una de sus estrategias avanzar en la construcción de
un Sistema Nacional de Salud Universal que garantice el acceso y la calidad de
los servicios de salud a los mexicanos.
ll.
DIAGNÓSTICO
El Estado
Mexicano, se ha preocupado por construir un amplio sistema de salud, en el cual
afiliar a su población, sin embargo, éste se caracteriza por su segmentación en
múltiples subsistemas, donde diversos grupos de la población cuentan con
derechos diferentes y en el que prevalece la participación de distintas
instituciones verticalmente integradas, lo que limita alcanzar un acceso
efectivo a los servicios de salud para dicha población que impide una mayor
eficiencia del gasto en el sistema público de salud. Asimismo, dificulta el
aprovechamiento pleno de su capacidad instalada en sus niveles de atención.
En este
sentido, no basta que la población se encuentre afiliada a alguno de los
subsistemas de salud hoy vigentes, sino que, independientemente de su edad,
lugar de residencia y especialmente de su condición social o laboral, debe
tener acceso efectivo a los servicios de salud de cualquiera de ellos, y así,
hacer realidad el derecho constitucional a la protección de la salud.
De esta
manera, la segmentación por grupos de población, es el origen y principal
fuente de inequidad del referido sistema, tanto en términos de financiamiento
como de acceso a los servicios públicos, lo cual conlleva a una prestación de
servicios de salud diferenciada en cuanto a la cobertura y calidad, limitando
con ello la portabilidad del beneficio y la convergencia en la prestación de
los servicios.
De igual
forma, los indicadores muestran aún un limitado acceso a los servicios de salud
en determinadas regiones del país, particularmente en aquéllas de alta
marginación y dispersión poblacional, lo cual es inaceptable en términos de
justicia social y representa en conjunto con otros factores, una barrera
importante para la productividad y el crecimiento económico.
Respecto del
factor humano, se advierte la necesidad de impulsar la formación y capacitación
de especialistas médicos que satisfagan los requerimientos de los servicios de
salud de la población, incorporándolos al sistema de salud, mediante una
contratación que cumpla con todos los requisitos establecidos de conformidad
con las disposiciones jurídicas aplicables.
En relación
con el factor presupuestario, aun y cuando se han incrementado los recursos de
salud, particularmente con la implementación del Sistema de Protección Social
en Salud, se requiere de una evaluación a fondo de dicho Sistema, que permita
concentrar esfuerzos para desarrollar y asegurar un acceso efectivo a los
servicios de salud.
Por otra
parte, los datos demográficos y epidemiológicos indican que la demanda sobre el
sistema de salud será cada vez mayor, poniendo en riesgo la sustentabilidad
financiera de las instituciones públicas.
De ahí que
para alcanzar la universalidad de los servicios de salud y darle viabilidad
financiera al sistema, es indispensable, sin alterar sus estructuras
organizativas, la población cautiva o sus modalidades de financiamiento,
redefinir sus mecanismos de coordinación, para garantizar el uso ordenado de
sus recursos financieros, la mejor utilización de la infraestructura
hospitalaria y el óptimo desempeño de los recursos humanos, para de este modo,
hacer efectiva y equitativa la protección de la salud para toda la población.
Lo anterior,
requiere el diseño de nuevas estrategias de interrelación que se traduzcan en
formas diferentes de manejar los recursos públicos disponibles para obtener
mejores resultados en beneficio de la salud, a través de acciones articuladas y
ordenadas de la Secretaría de Salud, las instituciones de seguridad social y
los prestadores de servicios de salud de las entidades federativas.
Dentro de
estas estrategias de interrelación, se deberá considerar, entre otros
elementos, la formulación de políticas, el establecimiento de prioridades para
la asignación de recursos, la acreditación de las instituciones para el
desarrollo de las funciones de articulación y prestación de servicios, el
fortalecimiento de los sistemas de información, la generación y uso de la
misma, la definición de indicadores, criterios y estándares que midan la
prestación del servicio y la calidad para la evaluación del desempeño de las
organizaciones y la rendición de cuentas de cada institución y del sistema de
salud en su conjunto.
III.
OBJETIVO
El objetivo
estratégico de este instrumento es generar la suma de voluntades y capacidades
de las partes firmantes, así como el desarrollo de acciones coordinadas y
articuladas que permitan a la población tener un acceso efectivo con calidad a
los servicios de salud, independientemente de su edad, lugar de residencia o
condición social o laboral y sin restricciones financieras, geográficas o de
oportunidad, a fin de lograr gradualmente la universalización en la prestación
de los servicios de salud.
IV.
COMPROMISOS
1. Lograr
mayores niveles de eficiencia y adecuada atención de las necesidades de la
población, mediante la solidaridad y corresponsabilidad de la Secretaría de
Salud, las instituciones de seguridad social y los prestadores de servicios de
salud de las entidades federativas, para cumplir de una manera coordinada y
ordenada con esta importante función de Estado, de tal forma, que la
fragmentación jurídica institucional, que genera una serie de barreras en la
prestación del servicio, deje de ser un obstáculo en términos financieros y
operativos.
2. Fortalecer
la coordinación de acciones entre el Programa IMSS-Prospera y el Sistema de
Protección Social en Salud, así como con los demás sistemas de servicios de
salud que forman parte del presente Acuerdo, por lo que hace a la atención
médica de sus respectivos beneficiarios.
3. Alentar
la construcción de un modelo de atención homogéneo, con una operación integrada
y coordinada entre la Secretaría de Salud, las instituciones de seguridad
social y los prestadores de servicios de salud de las entidades federativas.
4. Avanzar
en la construcción de una cultura de respeto a los derechos que tienen los
usuarios de los servicios de salud, a fin de garantizar el acceso, calidad y
oportunidad de la atención médica, así como la protección financiera de los
usuarios.
5. Impulsar
la operación, uso y actualización continua del Padrón General de Salud, a fin
de identificar a personas y relacionar su condición de aseguramiento en tiempo
real, para permitirles acceder a los servicios a los que tienen derecho en
cualquier institución de salud.
6. Propugnar
por el diseño y aplicación homogeneizados, de carácter interinstitucional, de
guías de práctica clínica, protocolos de atención, grupos relacionados de
diagnóstico (costos), expediente clínico electrónico y demás herramientas que
coadyuven, a lograr en el mediano plazo, la universalización de los servicios
de salud.
7. Impulsar
un sistema de salud eficiente, con mecanismos que permitan mejorar su desempeño
y la calidad de los servicios, que consideren esquemas de planeación,
evaluación del desempeño y rendición de cuentas a la población.
8. Redefinir
las directrices de coordinación del sistema de salud, para garantizar el uso
ordenado de sus recursos financieros, la mejor utilización de la
infraestructura hospitalaria y el óptimo desempeño de los recursos humanos, a
fin de hacer efectiva y equitativa la protección de la salud para toda la
población, mediante la celebración de instrumentos jurídicos entre las diversas
instituciones del sector público, en los que se establezcan los compromisos,
términos y condiciones, así como las formas de pago, con las que se garantizará
la atención médica, sin tomar en consideración su afiliación o derechohabiencia.
9. Fomentar
la formación y capacitación de especialistas médicos que satisfagan los
requerimientos de servicios de salud de la población, así como alentar una
retribución adecuada.
10.
Propiciar la corresponsabilidad de los derechohabientes y beneficiarios en el
cuidado de su salud, mediante acciones que favorezcan la modificación de los
determinantes que influyen en ella.
Este Acuerdo
instituye una nueva forma de coordinación, entre la Secretaría de Salud, las
instituciones de seguridad social y los prestadores de servicios de salud de
las entidades federativas, con un enfoque de transversalidad y de derechos
humanos, en aras de alcanzar el ejercicio real del derecho a la protección de
la salud.
Por lo
expuesto, los firmantes de este Acuerdo, manifiestan su conformidad en que las
entidades federativas, así como las dependencias, organismos públicos
descentralizados federales y estatales que presten servicios de salud, puedan
adherirse al mismo, en cualquier tiempo, mediante la suscripción de la
correspondiente hoja de firma, la que pasará a formar parte de este
instrumento.
Los
firmantes del presente Acuerdo, se comprometen a celebrar los instrumentos
jurídicos que resulten necesarios para concretar los compromisos aquí
estipulados.
Ciudad de
México, a 7 de abril de 2016.
