Uno de los funcionarios mejor pagados del país, Agustín Carstens Carstens –por supuesto que después de los ministros de la Suprema Corte--, requirió de tres meses para la aplicación de las reformas aprobadas por el Congreso a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y la del Banco de México.
Con la parsimonia característica del afamado Doctor catarrito –por sus indolentes previsiones frente a los efectos de la crisis económica y financiera global--, el BM resolvió prohibir y limitar a los bancos y otros intermediarios financieros el cobro de comisiones en diversos servicios.
Las encontradas reacciones frente a las regulaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el lunes 26, dan cuenta de los intereses trasnacionales en juego y los compromisos de los actores políticos. Intereses que hacen comprensible que la corpulencia del funcionario no fuera suficiente para evitar que le temblaran las manos –mucho menos que a este escribidor-- a la hora de definir el alcance de las medidas.
Para darnos idea de la magnitud del negocio de las comisiones bancarias, éstas representaron 84 por ciento de las utilidades de la banca comercial, es decir: 270 mil 548 millones de pesos entre enero de 2007 y mayo de 2010. Los datos no fueron vertidos el domingo pasado por ninguno de los 36 oradores en el pletórico Zócalo capitalino y calles aledañas, sino corresponden a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Sólo de enero a mayo de 2010, los bancos obtuvieron 32 mil 268 millones de pesos a través del cobro de las comisiones, mientras las ganancias netas ascendieron a 31 mil 813 millones de pesos, lo que significa que las primeras representaron 98.6 por ciento de las utilidades.
Durante el gobierno de la entonces autodenominada pareja presidencial, las utilidades provenientes del cobro de comisiones representaron 73 por ciento y en menos de cuatro años del gobierno Para vivir mejor, significan 84 por ciento. Recientemente, el titular del Ejecutivo federal festinó en Madrid y ante los socios y directivos de Santander que en México obtiene la mayor parte de sus ganancias.
Bajo los principios de “buscar el justo equilibrio entre la protección de los derechos de los consumidores y la preservación de los márgenes de beneficio competitivo”, de “que no hay servicio más oneroso para el público que el que deja de prestarse” y de que las “comisiones sean para el público claras y transparentes”, ahora se permitirá “que las comisiones se apliquen exclusivamente por servicios y operaciones efectivamente realizados”. Sí, leyó usted bien, la banca trasnacional cobraba por servicios que no brindaba, como consta a los bolsillos de los 41 millones de usuarios, y las costosas autoridades de Banxico toman cartas sobre el asalto a la luz del día hasta julio de 2010.
Mas la perspectiva de la Asociación de Bancos de México es opuesta: las comisiones a partir de 2004 se han reducido constantemente, y en el caso de los servicios asociados a cuentas de depósito se redujeron 36.5 por ciento. Por supuesto que defienden hasta con las uñas las aún demasiado elevadas comisiones, comparadas con los estándares internacionales, porque “son el instrumento más eficiente para asegurar mejores condiciones al consumidor y para generar una bancarización más profunda en beneficios de las familias y empresas mexicanas”.
Como bien apuntó Ernesto O’Farril Santoscoy, presidente de la consultora Bursamétrica, la derrama crediticia es muy pequeña considerando el tamaño de la economía. Y lo básico es “que el banco central debe idear, actuar y crear incentivos para que el no prestar sea costoso para las instituciones financieras”.
De lo contrario, la banca trasnacional seguirá succionando a los usuarios con altísimas comisiones e incumpliendo su función básica.
Acuse de recibo
El Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio informa: “hemos presentado ante la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, sendos escritos en los que se contienen solicitudes de juicio político en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Fernando Franco Gonzales Salas y Sergio Armando Valls, debido a que ellos incurrieron en las graves conductas previstas en las fracciones I, II y III del artículo 109 constitucional, durante las discusiones y votación del caso del incendio de la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, realizadas en las sesiones del Pleno los días 14, 15 y 16 de junio de 2010”... Reporta Arturo Alfaro en La Jornada de Oriente, de la capital poblana: “Un grupo de periodistas y fotógrafos realizó un plantón frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración para unirse, simbólicamente, con el fotoperiodista Irineo Mújica Arzate, quien continúa en huelga de hambre desde hace 9 días para exigir justicia contra los agentes migratorios, quienes lo golpearon y despojaron de su equipo de trabajo durante un operativo programado en el municipio de Soltepec, el pasado 17 de julio”.
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