LI ASAMBLEA NACIONAL DE DERECHO DEL TRABAJO
Y DE LA PREVISIÓN SOCIAL
Mtra. Sonia Gutiérrez Ávalos
Centro Nacional de Investigación Jurídica
Querétaro, Qro., abril 2011
RESPONSABILIDAD LEGAL Y MORAL DE LOS SINDICATOS, ANTE EL LAVADO DE DINERO EN MÉXICO
Introducción
En diciembre de 2006, Felipe Calderón, asume la Presidencia de la República en medio de una gran sombra de ilegitimidad. Emulando a George Bush, crea una guerra interna en la que, a la fecha llevamos casi 40,000 muertos. Los cambios en el Gabinete han sido múltiples, los procuradores van y vienen, las policías corrompidas hasta la médula, la militarización no ha podido hacer frente a los poderes fácticos del crimen organizado. La población carga con sus muertos, con la cuota diaria de sangre, costo de la indiferencia y de la apatía de siglos. Pero en este contexto, las preguntas que surgen son: ¿Cuál es el papel que juegan los sindicatos en este país acribillado? ¿Son parte del problema o tienen la obligación ética y jurídica de incidir en las soluciones reales que la sociedad demanda?
El contexto legal
En el ámbito internacional, en 1993, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), dependiente de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), emite 40 recomendaciones en materia de blanqueo de capitales, la número 33, señala que: "Los países deberán tomar medidas para impedir el uso ilícito de personas jurídicas por parte de quienes se dedican al lavado de dinero. Los países deberán asegurarse de contar con información adecuada, precisa y oportuna sobre los titulares beneficiarios finales y el control de personas jurídicas que las autoridades competentes puedan acceder sin demora..." como se observa, el instrumento para el blanqueo de capitales son las personas jurídicas: sociedades mercantiles, civiles, cooperativas, sindicatos.
México, como país miembro de la OCDE y de la GAFI, en términos del artículo 133 Constiticional, se obliga a adoptar en su régimen interno las medidas adoptadas a fin de controlar el origen lícito del dinero que tengan las personas en el territorio nacional, especialmente en su carácter de morales.
Sin embargo, 25,000 millones de dólares es la estimación de los recursos que se lavan en México al año, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), mismos que provienen de la delincuencia organizada, lo que refleja que el único resultado real de la guerra son los cadáveres y los criminales siguen disfrutando de los frutos de sus negocios.
En el marco jurídico nacional, el artículo 31, fracción IV Constitucional señala:
"Son obligaciones de los mexicanos:
IV. Contribuir con los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes."
En este precepto constitucional, se aprecia un mandato de carácter imperativo y general, personas físicas y morales (entre ellas a los sindicatos) están obligadas a contribuir al gasto público; sin embargo, la Ley del Impuesto Sobre la Renta en su artículo 95, fracción I, estabece que, los sindicatos obreros y organizaciones que los agrupen se consideran personas morales con fines no lucrativos, y el artículo 101, fracción VI, inciso b), párrafo cuarto de la misma Ley los excluye de cualquier obligación fiscal como llevar contabilidad y expedir comprobantes fiscales.
La postura del gobierno federal.
El veintiséis de agosto pasado, el Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión una iniciativa para combatir el lavado de dinero, que consiste fundamentalmente en que las compras iguales o superiores a los $ 100,000.00 pesos no podrán hacerse en efectivo; prohibición de las adquisiones de bienes inmuebles en moneda nacional, divisas extranjeras o en metales preciosos y, sanción de cinco a quince años de prisión a quienes ignoren estas disposiciones.
Sin embargo, en ninguna parte de dicha iniciativa presentada por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, refiere medidas específicas para las personas morales que están exentas del cumplimiento de las obligaciones fiscales: organizaciones políticas y sindicales y religiosas.
En un mundo reformista
La descomposición social y la crisis en las instituciones de México han alcanzado dimensiones inimaginables, lo peor es que cada día rebasa todos los horrores, creando nuevas pesadillas. El cuestionamiento en el quehacer del gobierno actual, es tema superado, la pobreza en las propuestas, la complicidad, la doble moral, la opacidad y represión son las únicas cosas seguras.
La idea de que reformando se curan las heridas diarias de nuestro país, es moneda corriente: iniciativas de reforma en las materias laboral, penal y fiscal, pero no se toca el origen: el mundo de los privilegios y de los compadrazgos, las cuotas de poder, la administración de la miseria y las fortunas ofensivas de unos cuantos.
Esos intereses se han mantenido intocables por parte de los tres poderes de la Unión, por la utilidad en el voto corporativo y por las añejas complicidades. Las reformas son muchas, pero los resultados tangibles pobres o retrógrados. No puede haber reformas sin cambiar las formas, mientras se legisle para mexicanos de a pie y leyes para "cuates" para las organizaciones intocables.
Los sindicatos en México
Los sindicatos en muchos casos, se han convertido en instrumentos del poder, pero no en representantes legítimos de los trabajadores y, son ellos quienes han sido privilegiados para no pagar impuestos, para el ocultamiento en la rendición de cuentas, en ser, por qué no decirlo, las personas jurídicas idóneas para legitimar los dineros del crimen organizado.
El argumento falaz es que los sindicatos no tienen capacidad contributiva, resulta no sólo falso, sino humillante: ¿habrán superado su mínimo vital Elba Esther Gordillo, Carlos Romero Deschamps o Joaquín Gamboa Pascoe?
En cambio, en el mundo se discute el papel del sindicalismo desde un punto no sólo legal, sino sobre todo ético: el derecho al trabajo como derecho humano, la carta sociolaboral para todos los trabajadores lationoamericanos, el papel responsable de los sindicatos como actores en el proceso productivo en el camio climático, etc., y en nuestro caso, las propuestas sólo se centran en agrandar y complicar la legislación sin atender las causas de la desigualdad.
Propuesta
México exige como nunca un ejercicio honorable. No podemos seguir siendo cómplices de la reformitis sin contenido, ya basta de estadísticas de muerte, ya no más prácticas gansteriles en los sindicatos, no más opacidad en el manejo de los recursos de los trabajadores, no más leyes a modo.
Debemos exigir una reforma pero no de una norma laboral, sino fiscal: en la derogación de los artículos 95, fracción I y 101, fracción VI, inciso b), párrafo cuarto de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por ser inconstitucionales al ser violatorios del artículo 31, fracción IV; pero y sobre todo por ser inmorales, generando rendición de cuentas, poner límites al poder económico y político de los dirigentes sindicales, pero sobre todo, para evitar que los sindicatos se conviertan en las lavanderías del crimen organizado y, así cumplir con los pactos internacionales.
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