Las JCA, mafia de los derechos laborales
José Sobrevilla / Noticias del Empleo
Quienes hemos tenido que estar en los juzgados por demandas laborales, sabemos de las mafias que cobijan las Juntas Federales y/o Locales de Conciliación y Arbitraje, en las que, desde abogados, coyotes, hasta despachos “prestigiados” cuyo negocio es acumular demandas contra empresas, tienen contubernio con las JCA en un negocio redondo del que poco se habla.
Resulta paradójico e indignante leer en las oficinas de las JCA los enormes carteles pegados en sus paredes donde dice que “Todos los servicios son gratuitos”, “Di no a la Corrupción” y el abogado lo primero que pide es “una lana” para untarle la mano al funcionario que lleva el caso “para que lo agilice”; o bien el pago de copias (de hasta 20 o 25 pesos cada hoja del expediente).
No obstante los sueldos que perciben los funcionarios de las JCA, los ingresos por corrupción, es secreto a voces, de que han generado verdaderas mafias y de las cuales las autoridades han sido omisas, o bien cómplices de las mismas. Algo así como la famosa “Fraternidad” en el ámbito de la Secretaría de Seguridad Pública en el Distrito Federal, muy mencionada, pero siempre negada.
En agosto pasado, en uno de los últimos casos reconocidos, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) confirmó la corrupción de Consuelo Vázquez Mendoza, actuaria adscrita a la Junta Especial Número 8 Bis y del licenciado José Manuel Aguilar Olvera, procurador auxiliar, a partir de la queja administrativa 496/2009, tramitada ante la Unidad de Quejas, Denuncias y Responsabilidades de la propia Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), según nota de Excélsior.
En enero de 2005, el Grupo Reforma publicó la declaración de Miguel Ángel Cantú, presidente entonces de la JFCA, de que “En México hay más de 112 mil conflictos laborales sin resolución en la JFCA, lo que ha propiciado la formación de cárteles del litigio que aprovechan para obtener millones de pesos en ganancias (…) Es una lamentable realidad que en esta ciudad capital, como en diversas entidades federativas, existan verdaderos cárteles de litigio que industrializan la práctica profesional, particularmente cuando se trata de demandas a grandes empresas e instituciones públicas”.
Sin haber cambiado mucho el escenario, en esa ocasión el funcionario señalaba que la enorme cantidad de casos provoca que diversas firmas de abogados concentren de 2 mil a 3 mil demandas, de las cuales la mayoría son contra el Instituto Mexicano del Seguro Social, Petróleos Mexicanos y de ferrocarrileros, lo que implica una jugosa cantidad de dinero, en lo que –aceptó– están involucrados gran cantidad de funcionarios.
En agosto 6 de 2010, el delegado federal del Trabajo en Tamaulipas también señalaba que la JFCA tramitaba más de 247 mil juicios individuales, de los cuales el 55% correspondían a conflictos relacionados con la seguridad y previsión social de los trabajadores, como consecuencia de la aplicación de criterios jurisprudenciales y la Ley del Seguro Social.
Este 2011, la JFCA tendrá un presupuesto de 662 millones 84 mil 856 pesos, de los cuales su presidente, Eduardo Andrade Salaverría (designado por Felipe Calderón en abril de 2008), tendrá un sueldo base de $23,667.18 mensuales más una compensación garantizada de $171,041.16 lo que arrojaría una percepción bruta de $194,708.34; a esto hay que sumarle otras prestaciones económicas como prima vacacional (de 50% de 20 días de sueldo base al año), prima de antigüedad, gratificación de fin de año (40 días de sueldo base), pagos de defunción (hasta cuatro meses de sueldo bruto), ayuda para despensa y vacaciones (20 días al año).
El negocio de los derechos laborales se evidencia más si consideramos que cada uno de los 66 presidentes de las Juntas Especiales tienen un sueldo mensual bruto de $119,670.45 lo que nos da una erogación de 7.898,249.70 al mes; que al año suman 94.778,996.40 sin considerar prestaciones. Esta cantidad nada nos sorprendería si observamos que el chofer del presidente de la JFCA, Eduardo Andrade Salaverría, tiene un sueldo mensual de $17,118.89 con clave de puesto 525, equivalente a supervisor de área, claro, sin contar las prestaciones.
El presente año, tan solo el sector central ejercerá un presupuesto de 3 mil 485 millones, 618 mil 744 pesos, de un total de 3 mil 704 millones 657 mil 375 pesos destinados al Ramo 14 de la STPS, relacionado con las JCA.
Las mafias de los abogados
Uno de los aspectos que más ruido causó cuando se dio a conocer la propuesta del sector patronal para modificar la Ley Federal del Trabajo, fue precisamente la de limitar la generación de salarios caídos a los seis meses. Estos salarios son los que percibe el trabajador desde que fue despedido hasta que se dicta la sentencia a su favor; principio contenido en la ley cuyo objetivo es mantener la estabilidad del empleo. Esto es, el patrón está obligado a pagar los salarios como si nunca se hubiera roto la relación laboral, lo que hace ver desfavorables las nuevas reglas.
Sin embargo, lo importante de esto es que los abogados (despachos o coyotes) se llevan gran parte de la tajada, ya que ofrecen llevar el juicio por un porcentaje (que ronda entre el 15 y 25%) de lo recuperado de los derechos del trabajador. Tiene razón Fenix (blog) cuando señala que el abogado tiene una función parasitaria porque vive de los problemas de los demás. Incluso –señala– hay abogados de poca honestidad que crean los problemas, para obtener más recursos.
Ya sea justificada o injustificadamente, es una práctica común en el ámbito del derecho del trabajo la de generar una gran cantidad de demandas en contra de empresas y hacer un convenio en el menor tiempo posible. De esa forma, el abogado del trabajador obtiene su sustento diario, y el abogado patronal se evita perder un juicio por una cantidad mucho mayor. El trabajador, obviamente, queda en medio. El convenio se firma por una cantidad menor de la que correspondería en juicio, de lo cual el trabajador puede estar consciente en ocasiones (se presta para presentar demandas) y otras, simplemente no tiene otra opción que aceptar el dinero que le den.
Como bien apunta Fenix, cuando los salarios caídos no den más de seis meses, los únicos que sobrevivirían serían los despachos grandes, porque ya no sería negocio para los coyotes y los pequeños; lo que haría que muy pocos quieran defender a la clase obrera en los juicios laborales. (Con información de Excélsior, El Siglo de Durango, Hoy Tamaulipas, Secretaría de Hacienda, Portal de Transparencia y Fénix Comunicación).
En predicamento, Lozano Alarcón y su jefe
José Sobrevilla / Noticias del Empleo
* La JFCA debe resolver un incidente de liquidación en el que el psicólogo Manuel Yeverino Martínez reclama 4 millones 624 mil 776 pesos con 58 centavos al ISSSTE por despido injustificado, ya que mediante la ejecutoria 144/2010 el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, confirmó una sentencia que lo ampara.
Un conocido psicólogo de Ciudad Victoria, Tamaulipas, Manuel Yeverino Martínez, demandó por despido injustificado al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, y las irregularidades en el proceso han llevado a las autoridades a citar al titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano Alarcón; sin embargo, al incumplir este, están citando a su superior jerárquico, el presidente Felipe Calderón Hinojosa, según documenta el periódico local Gazeta que dirige Antonio Arratia Tirado, en nota de David Zárate Cruz.
El Poder Judicial federal le dio tres días al presidente Felipe Calderón Hinojosa para que haga cumplir la sentencia 1336/2009 a Francisco Javier Pérez Covarrubias, presidente de la Junta Especial Número 37 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) en Ciudad Victoria, Tamaulipas, consistente en que emita una nueva resolución en un incidente de un juicio laboral. Si no lo hace, el titular del Ejecutivo federal será turnado por desacato.
El juez Gonzalo Higinio Carrillo de León, del Juzgado Primero de Distrito, emitió el acuerdo por medio del cual se requiere al presidente de la República para que en su carácter de superior jerárquico del secretario de Trabajo y Previsión Social y este a su vez de la autoridad responsable Junta Especial Número 37 de la JLCA en Ciudad Victoria, en el término de tres días cumpla con la sentencia proteccionista, apercibido de que de no hacerlo se procederá en términos del artículo 105 de la Ley de Amparo.
Manuel Yeverino Martínez acudió el 17 de septiembre ante la Oficialía de Partes del Poder Judicial federal en esta capital para presentar demanda de amparo en contra de la JFCA, por la resolución incidental de 3 de julio de 2009, en el juicio 387/2008 en contra del ISSSTE que fuera notificado el 9 de septiembre de 2009.
El 11 de noviembre se emite la sentencia, otorgando el amparo, para que la JFCA deje insubsistente la resolución reclamada y en su lugar dicte otra en la que analice los argumentos vertidos por el apoderado legal de la parte actora y resuelva lo que en derecho proceda; para el 7 de diciembre causó ejecutoria, por lo que se requirió al presidente de la junta su cumplimiento; al no hacerlo, el 17 de diciembre se requirió a Javier Lozano Alarcón para que lo obligara a cumplir.
Al incumplir Lozano Alarcón la orden federal, el juez ha tomado la decisión de requerir al presidente Felipe Calderón para que se cumpla dicha sentencia, dándole un plazo de tres días, o de lo contrario el presidente de la Junta Especial Número 37 de la JFCA en Ciudad Victoria, el titular de la STPS y el titular del Poder Ejecutivo federal serán turnados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por desacato.
El 18 de enero pasado, David Zárate Cruz escribió en La Gazeta que “el Poder Judicial federal está requiriendo al secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón para que en el término de tres días haga cumplir a Francisco Javier Pérez Covarrubias –presidente de la Junta Especial Número 37 de la Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) en Victoria– la sentencia de amparo 242/2010 consistente en que resuelva incidente de liquidación reclamado al ISSSTE”.
El juez Enrique Vázquez Pérez, del Juzgado Primero de Distrito, notificó: “se requiere al secretario del Trabajo y Previsión Social con residencia en México, Distrito Federal, para que en su carácter de superior jerárquico obligue a la Junta Especial Número 37 de la JFCA en Ciudad Victoria, a fin de que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación cumpla con la sentencia proteccionista, apercibida de que de no hacerlo se procederá en los términos del artículo 105 de la Ley de Amparo”.
Dicho artículo señala que si el funcionario requerido no cumple en el plazo establecido se procederá a requerir a su superior jerárquico, en este caso al presidente Felipe Calderón Hinojosa, para que lo obligue a cumplir; aunque los magistrados también pueden determinar no requerir al titular del Ejecutivo, sino turnar a Lozano Alarcón ante la SCJN.
La sentencia fue emitida el 28 de mayo del 2010 por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con sede en Culiacán, Sinaloa, en auxilio del Juzgado Primero de Distrito y hasta el momento no ha sido cumplida, pese a que el ISSSTE perdió el recurso de revisión, perdiendo el juicio
Violaciones a derechos de trabajadores en el DF
Guadalupe Cruz Jaimes / CIMACcimac@laneta.apc.org
El Tribunal Internacional de Libertad Sindical entregó su resolución sobre las violaciones a los derechos humanos de las y los trabajadores en la ciudad de México a Luis González Placencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), con el fin de que analice los casos y les dé seguimiento.
El Tribunal Internacional, integrado por especialistas en justicia laboral de América Latina y Europa, solicitó al ombudsman capitalino su intervención para garantizar que las y los trabajadores reciban en tiempo y forma la impartición de justicia cuando presenten una denuncia por violación a sus derechos laborales.
La anterior es una de las fallas registradas en el DF, por el Tribunal Internacional y que forma parte de su resolución del crítico panorama laboral en el país. Este documento –elaborado por el tribunal de septiembre de 2009 a mayo de 2010– se entregó el año pasado a instituciones nacionales y del extranjero, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Durante la entrega del mismo a la CDHDF, el abogado laboralista Manuel Fuentes Muñiz refirió que muestra de la dilación de justicia para las y los trabajadores capitalinos, es que deben esperar en promedio siete años para la resolución de una denuncia de violación a sus derechos.
Fuentes Muñiz, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), señaló que además de esperar más de un lustro para obtener un laudo, éstos no siempre se cumplen, "hay casos de mujeres despedidas de sus trabajos por estar embarazadas, que reciben de indemnización de 200 a 300 pesos por dos o tres años laborados.
Acusó también al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de operar en perjuicio de las y los trabajadores, ya que además de retardar la resolución de los casos y el pago de indemnizaciones y salarios caídos, "emiten sentencias para anular sanciones a servidores públicos".
A las fallas de impartición de justicia al interior de dichos organismos, se añaden prácticas como la presencia de golpeadores afuera de la Junta Local para intimidar a las y los trabajadores y abogados, durante los recuentos sindicales.
Un ejemplo es el recuento sindical del Call Center Atento, conformado por más de mil 500 trabajadoras y trabajadores, de los cuales 70 por ciento son mujeres.
A esta situación se suma la insuficiente administración de recursos para la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, para la inspección en los centros de trabajo, ya que actualmente hay 26 inspectores con la misión de supervisar 240 mil centros de trabajo, "si se diera la orden de supervisarlos se tardarían 46 años en realizar esa tarea", este déficit de personal perjudica a las y los trabajadores.
Ante el desfavorable panorama, Fuentes Muñiz indicó que la CDHDF puede intervenir "no para cuestionar la sentencia sino la tardanza en la resolución", por lo que es posible que este organismo emita una recomendación.
Sin embargo, dijo, "preocupa la respuesta del Gobierno del Distrito Federal, que insiste en que esta comisión no debe atender las violaciones a los derechos de las y los trabajadores porque son asuntos laborales".
Al respecto, González Placencia señaló que pese a las restricciones de su competencia, debido a que el derecho al trabajo corresponde a tribunales administrativos, según una "visión en extremo legalista, contraria a los derechos humanos", es posible que "podamos intervenir, cuando se trata de una obligación incumplida por parte de la autoridad".
Explicó que en los casos de violación de derechos laborales, se ven afectados los derechos humanos a la honra y dignidad, la libertad de asociación, los derechos de las mujeres, inseguridad jurídica, integridad personal y seguridad humana, que incluye la seguridad laboral.
En este escenario, el ombudsman capitalino propuso que los casos documentados en el fallo del Tribunal Internacional se expongan en un foro de audiencia pública, en el que serán analizados con la finalidad de que la CDHDF elabore un informe especial.
"Retroceso histórico" en materia laboral
Guadalupe Cruz Jaimes
* Sólo 5 millones de trabajadoras cuentan con protección social: Red de Mujeres Sindicalistas
La deuda del Estado mexicano con las trabajadoras del país se profundizó con la administración del Partido Acción Nacional (PAN), pues aumentó el empleo informal, disminuyó el poder adquisitivo y con éste las posibilidades de organizarse en busca de la reivindicación de sus derechos.
En entrevista Rosario Ortiz Magallón, de la Red de Mujeres Sindicalistas (RMS), señaló que la gestión panista ha significado "un retroceso histórico" para los derechos de las mujeres, muestra de ello, es que actualmente sólo cerca de 30 por ciento de las 16.9 millones de trabajadoras cuentan con protección social, alrededor de cinco millones.
Previo al inicio del encuentro El artículo 123 y la deuda con las trabajadoras en el siglo XXI, que se realizó el día 28 en la ciudad de México, la sindicalista señaló a Cimacnoticias que la tendencia de la actual administración es generar empleos "precarios", que atraigan la inversión extranjera.
Dicho deterioro laboral ha disminuido la calidad de vida de las y los trabajadores, pero sobre todo la de las mujeres, quienes perciben en promedio 30 por ciento menos del salario que reciben los hombres por la misma labor.
A pesar de que desde 1917, el artículo 123 constitucional establece que por trabajo igual deben recibir salario igual, las mexicanas siguen percibiendo menor remuneración, porque se sigue creyendo que su pago es complementario al del hombre en la familia, ignorando con ello, que las mujeres sostienen 25 por ciento de los hogares en el país.
La "violenta" caída del poder adquisitivo, que en los últimos 33 años se redujo cerca de 80 por ciento en relación con el salario más alto que se alcanzó en 1977, indicó la economista Rosa Albina Garavito, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Durante el encuentro de trabajadoras, convocado por la RMS en el marco de su 14 aniversario, Albina Garavito mencionó que la disminución del poder adquisitivo deviene de la "desregulación" del costo de bienes y servicios, frente a un tope salarial "inamovible".
Además de los salarios, el deterioro laboral se ha caracterizado por la extensión de las jornadas de trabajo por encima de la ley, a partir de la administración panista en el país, aumentó 20 por ciento la población económicamente activa que trabaja más de 48 horas semanales.
Otra problemática que se agrava con la administración panista es la economía informal y los empleos temporales, donde se ocupan alrededor de 21 millones de mujeres y hombres, cuya situación les impide organizarse para luchar por la reivindicación de sus derechos.
De acuerdo con Rosario Ortiz en el país cada vez son menos las mujeres que laboran en espacios formales, donde es posible el ejercicio de los derechos laborales conquistados por las y los trabajadores hace 200 años.
En este contexto, el reto principal es promover la organización de las trabajadoras mexicanas, capacitarlas acerca de sus derechos laborales para que en conjunto puedan hacerlos valer ante patrones, sindicatos y autoridades.
La anterior es una de las tareas a la que se ha dedicado por más de una década la RMS, desde hace un año lo hace mediante la campaña Trabajo digno, derecho de las mujeres, capacitando a féminas que trabajan en la maquila y como empleadas del hogar.
Por último, Ortiz Magallón destacó que la reforma laboral "en puerta" significa un desafío para las trabajadoras, quienes deben "pelear" para que sus derechos y los mecanismos para garantizar su cumplimiento queden en esa legislación.
Número 67 de Colibrí, crítica humorística:
http://www.forumenlinea.com/colibri.html
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no hay duda que mexico esta podrido es una pena que nuestros antepasados pelearan por la libertad y la justicia y estas sigan aun secuestradas por gente podrida..
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