EMPEZANDO
POR CASA
No es lo mismo decir
que hacer
Hace un par de días, tuve la fortuna de
asistir a un foro académico y profesional, donde se reúnen los especialistas en
materia de Seguridad Social, que por la naturaleza del evento sus panelistas
son servidores públicos y expertos en la materia. Sus congresistas son los
anfitriones y encargados –directivos– del área de Recursos Humanos de diversas empresas
de renombre a nivel nacional e internacional del país.
Es un Congreso al que vale la pena de asistir
anualmente en la ciudad de Monterrey, N.L. Así mismo, la inauguración se
encontró a cargo de las siguientes personalidades: secretario del Trabajo en el
Estado, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Presidente de
PROSESO, delegado regional del INFONAVIT, delegado regional del IMSS, entre
otros; que a lo largo de todo el día se
fueron desahogando las diversas ponencias de los panelistas expertos en materia
de Seguridad Social –Infonavit, Afores, Seguro Social, etc.–, las cuales fueron
expuestas con éxito; así mismo, no podía faltar el espacio, entre cada una de
las ponencias, de la sesión de preguntas y respuestas.
Se hizo hincapié en una de las ponencias de
la cultura de crear plazas destinadas exclusivamente para las personas con
discapacidad. Atendiendo a las recientes reformas a la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos –CPEUM–, en su capitulado de Derechos Humanos, ahora
denominado garantías constitucionales, y en la cual se da preferencia a la
“persona”, por el simple hecho de ser ciudadanos o extranjeros residentes en el
territorio nacional, a lo que los jueces, magistrados y ministros, tienen
forzosamente que estudiar y evaluar el principio “pro persona” y del cual se
tendrá que fundamentar y analizar los diversos criterios que emitan tanto la
Corte Interamericana de los Derechos Humanos como de la propia Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
En la CPEUM en su artículo 1º-primero, determina
que “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de
los que el Estado Mexicano sea parte…”. De lo antes transcrito se desprende que
nuestros legisladores federales han instruido a nuestras autoridades –federal y
estatal– que en todas y cada una de sus resoluciones deberán de apegarse a lo
establecido en la CPEUM y los tratados internacionales en materia de los
Derechos Humanos, no perdiendo de vista el respeto, promoción y protección a
dicha figura y velando –permeando o preconizando– por los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
El ponente en su tema denominado “Acciones de
la Secretaría del Trabajo de NL para la Competitividad y Productividad del
Estado”, actualmente Secretario del Trabajo en el Estado, enfocó su
participación en destacar que las personas con discapacidad en el campo laboral
se encuentran en constante participación a nivel Estatal; actualmente el Gobierno
del Estado de Nuevo León ha formalizado diversos convenios con las empresas en
el estado para que el Gobierno capacite mediante su dirección de capacitación a
todas aquellas personas que se encuentren con una discapacidad y que deseen
ingresar a laborar en un puesto al interior de las empresas radicadas en el
Estado; el papel fundamental del Gobierno es crear la cultura de empleabilidad
en las empresas de personas con discapacidad, con dicha gestión el gobierno da
cumplimiento a la norma que obliga a las empresas a tener un número determinado
de plazas para la clase que cuentan con alguna discapacidad. Suena un logro enorme, y
desde esta humilde nota, felicito al Gobierno por preocuparse por comenzar y
concretar una tarea fundamental en el área social que más atañe a la sociedad.
Pero habría que analizar las siguiente
interrogantes para las empresas: ¿Quién capacita a las empresas morales, de
carácter privado y público, para recibir con éxito a la clase con discapacidad
en sus instalaciones?, ¿las empresas han realizado las adecuaciones a sus instalaciones
para que sus empleados con alguna discapacidad puedan transitar sin impedimento
al interior de ellas?, ¿la Secretaría del Trabajo ha realizado con éxito su
obligación de inspección para que al interior de las empresas se cumplan las
disposiciones que marcan las normas en la materia, –salubridad, sanidad,
urbanidad, derechos humanos, etc.?, ¿las empresas cumplen la obligaciones que
marca la Ley Federal del Trabajo, en cuanto corresponde al maltrato y
discriminación laboral y las disposiciones en materia de los Derechos Humanos a
personas con discapacidad?
Ahora vamos a las interrogantes para el
Gobierno de Nuevo León, ¿cuántos empleados con discapacidad tiene laborando en
sus diversas dependencias o del propio palacio de Gobierno?, ¿el Gobierno y sus
dependencias han modificado sus estructuras –edificios– para que las personas
con discapacidad, sean o no empleados, accedan y transiten por sus
instalaciones?, ¿cuántos servidores públicos cuentan con una discapacidad y que
trato digno se les brinda?, ¿Gobierno cumple con la normativa en sus edificios
de Urbanidad y edificación, para que en sus instalaciones cuenten con todas las
medidas de seguridad e higiene, que propicien un ambiente sano para las
personas con discapacidad?, ¿el Gobierno cumple con la Ley de Salubridad para
una mejor calidad de vida laboral para las personas con discapacidad?, entre
otras interrogantes que dejamos a su albedrio.
Ahora es inefable, que la misma autoridad,
que se encuentra pugnando por los espacios laborales dentro de las empresas del
Estado de Nuevo León, no cuenten con el dato específico de los espacios que se
encuentran destinados a las personas con capacidades diferentes al interior de
toda su estructura administrativa y burocrática del Gobierno Estatal. Entonces,
para ser más preciso, el servidor público que labora al interior de la Secretaría
del Trabajo en el Estado y que pregona con metas y éxitos a favor de las
personas discapacitadas, pero que en su propia casa no cuenta con el dato
preciso de cuántas personas con discapacidad o de tercera edad laboran dentro
del Gobierno del Estado de Nuevo León, no puede considerarse como persona
confiable. Es un hecho real que la autoridad que debería de velar con rectitud,
exactitud y prontitud lo que ha planteado en dicho foro en materia de Seguridad
Social, se encuentre en evidencia de la falta de información real y exacta del
porcentaje de las personas con discapacidad que laboran en el Poder Ejecutivo.
Es sarcástico que emitan discursos faltos de sensibilidad política y humana,
menoscabando los derechos y libertades de las personas, incurriendo en
violaciones a la norma constitucional y apartándose por completo de los
principios y derechos que la propia CPEUM establece en materia de Derechos
Humanos.
Lo anterior se deduce atendiendo que hasta el
momento la propia autoridad laboral no cuenta con dicho dato estadístico, el
cual solo evidencia que los discursos anuales de los gobiernos son eufemismos, enfocándose
los diversos poderes –Federal, estatal o municipal– en lo que ahora se denominan “campañas
publicitarias engañosas y maliciosas”, mismas que difunde ideas falsas y
realidades lejanas en las que actualmente vive la sociedad. Ante dicho panorama
es preciso hacer alusión al siguiente dicho popular “Candil de la calle,
oscuridad de su casa”.
Esperando
que estas líneas le sean de utilidad, quedo de usted para sus comentarios.
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