La ley
Los titulares de los medios sobre España siempre se los llevan Madrid, Barcelona y a veces Galicia o Sevilla. Ya sea por cuestiones deportivas o del medio artístico, por sus avances medioambientales y muchas de las veces por sus controversias como en la fiesta de los toros.
Últimamente sin embargo, la comunidad autónoma de Extremadura (situada al suroeste de la península) ha tomado relevancia no sólo en España, sino en el mundo entero.
El motivo: su Congreso Local aprobó la primera ley en materia de responsabilidad social.
En efecto, el pasado 27 de diciembre de 2010, el proyecto que el Pacto por Extremadura, llevado a cabo por los sectores público y privado (sociedad y gobierno) de esa región autonómica en abril de 2010, ya obtuvo sus primeros resultados, que en la materia, son los primeros en el mundo.
Cuando se concretó ese Pacto, la comunidad trabajó con el gobierno para afrontar fundamentalmente el tema de la crisis económica. Tenían que lograr con los recursos a su alcance, salir de esa crisis y sentar las bases para que cuando se volviera a generar en el mundo, no los volviera a tomar mal parados.
La solución: unir esfuerzos y plantearse nuevos valores.
Su ejemplo es inspirador y estremece, ya que han logrado lo que otras regiones de la misma España y muchos países avanzados en el tema de la responsabilidad social en el mundo no han alcanzado aún, que es ponerse de acuerdo para concretar una ley que reconozca que el propio gobierno debe actuar con responsabilidad social y que otorgue apoyos y beneficios a aquellas empresas que practiquen esos postulados.
¿Y qué es la responsabilidad social? ¿Por qué tanto escándalo por esa ley?
La responsabilidad social es una toma de conciencia de las organizaciones tanto públicas como privadas a través de la cual trabajan, junto a sus colaboradores (empleados) no solamente en lo que la organización debe hacer por sí misma para subsistir, sino además en acciones que fortalecen a la comunidad, como el respeto irrestricto a los derechos humanos de los colaboradores; la sustentabilidad del medio ambiente y el apoyo a los proyectos comunitarios que organizaciones de la sociedad civil lleven a cabo.
Con ello, se garantizan comunidades más sólidas, que al final permitirán a las empresas poder continuar con su actividad empresarial y al gobierno elevar la calidad de vida de sus gobernados. Digamos que es un ejercicio donde todos ganan.
A partir de noviembre de 2010, se hizo pública una guía, la 26000, que relaciona todos los aspectos en los que es pertinente trabajar para afianzar la responsabilidad social en una organización.
Por eso, que en Extremadura den ese paso, es decir, que la sociedad y el gobierno se pongan de acuerdo y lo plasmen en una ley que exigirá a los servidores públicos que participen más activamente con su comunidad, sean transparentes, rindan cuentas y respeten los derechos humanos por una parte y por otra, que a las empresas que lo realicen las reconozcan con estímulos; representa un gran avance y un gran ejemplo para todos.
Nosotros, en Nuevo Laredo, tenemos ejemplos de que esos pactos son posibles. A través del Plan de Gran Visión se conjuntaron opiniones, ideas e incluso políticas y líneas estratégicas trazadas para lograrlas.
En Tamaulipas, tenemos la propuesta del Gobernador del Estado por formalizar una Alianza con la Sociedad, que sería fundamental para lograr este tipo de acuerdos y quizás ser el primer Estado en México en legislarlo.
Lo primero sin embargo, es lograr fortalecer la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos, a través de incorporarlos en el ejercicio público y algo muy importante: impulsar y exigir a los propios servidores públicos, el desarrollo de los valores de la responsabilidad social.
El ejemplo es Extremadura, el resultado: su ley.
Leopoldo Lara Puente
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