Hace unos días tuve la oportunidad de poder ir a ver el Documental realizado por investigadores del CIDE “Presunto culpable”, donde se puede observar claramente la deficiencia que tiene actualmente nuestro país en cuanto a la impartición de Justicia por parte de nuestras autoridades encargadas de velar y proteger los derechos tanto de la víctima, del ofendido y del presunto responsable.
Si en todos los juicios de todas las áreas a cubrir, digamos en lo civil, penal, laboral, administrativo, etc., se filmaran, nos daríamos cuenta de muchas anomalías en los procesos, muchas arbitrariedades, tal y como se demuestra en el documental antes citado.
Pero sería una manera de cómo evidenciar la falta de preparación y capacitación de parte de nuestros juzgadores y, la falta de preparación y de compromiso en su labor de investigadores de los agentes de los ministerios públicos en nuestro país, que se sienten con mucha autoridad para poder hacer y deshacer en sus funciones de investigación.
Es cierto que en las prisiones de nuestro país, hay gente inocente, que no tiene recursos económicos para pagar su fianza, que ha cometido una falta menor o que en realidad nunca estuvo en el hecho, pero que por el simple hecho de ser parecido al que lo realizó lo procesan y lo hacen responsable de un delito que nunca cometió. O lo más lamentable, que hay personas procesadas de etnia indígena, que por el simple hecho de hablar un dialecto diferente al nuestro, no se les protege y no se les da su garantía constitucional, de facilitarles un traductor para defenderse en un juicio donde nada tiene que ver. Esto sí es muy lamentable.
La sociedad está en un cambio constante, donde los delitos cometidos son nuevos o de los que ya se tienen clasificados en el catálogo de delitos en el código penal federal o local, se distorsionan para convertirse en un nuevo tipo de delito, ante lo anterior, urge que nuestros legisladores se pongan a estudiar tanto en la teoría como en la práctica. Ya no son los tiempos de antes, donde el legislador podía ver con claridad muchas cuestiones que pasaban en su entorno, ahora las costumbres, usos y hábitos cambian, es una sociedad con un modo de educar y actuar diferente, un ejemplo claro es la aparición de la tecnología, dándose en la actualidad delitos cibernéticos, antes ni por error pensar en un delito de este tipo.
Pero no sólo hace falta ver hacia a fuera, se debe comenzar desde la estructura principal, estamos hablando de la estructura administrativa y funcional de los juzgados, tribunales y ministerios públicos, cuyas responsabilidades por su mal actuar se deben cuestionar y reglamentar, reparando éste el daño que ocasione al afectado por su indebido actuar. Que se cumpla con lo establecido en los reglamentos internos de cada dependencia, encargada de velar por la protección de las garantías constitucionales de los ciudadanos. Que se dé la capacitación necesaria a los servidores públicos para evitar injusticias, que para eso el gobierno federal y el estatal destinan partidas presupuestarias, porque es lamentable encontrarse con los ministerios públicos o jueces de cualquier nivel no capacitados, dificultándose con ello poder demostrar los hechos que son esenciales para fundamentar . O que a sabiendas de que es un caso muy claro poder dictar la sentencia en los plazos señalados por la Ley Suprema, código o ley local.
Un ejemplo lo encontramos en el caso de hace unos cuantos meses (8 meses), que le dieron un golpe al vehículo de mi padre, estando estacionado, reuniéndose en el momento todos los elementos esenciales de la culpabilidad del sujeto que arremete contra el vehículo estacionado, el MP hizo muy mal su trabajo de investigación, ¿qué se puede esperar de un juzgado dónde todavía no se dicta sentencia, qué elementos necesitan ahora para demostrar la culpabilidad de algo que es evidente y que ya va para un año el asunto, será que el Ministerio Público hizo mal su chamba o el juez por medio de sus subordinados no se han enfocado al análisis del asunto? Pero eso sí, ninguno de los servidores públicos pagará por tener un vehículo en el corralón durante el tiempo que dure el juicio, al menos que el que gane pague por su liberación. ¿Se ganó o se perdió en el asunto?
Espero sus comentarios mi estimado lector.
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